No al continuismo

Mariano Rajoy tiene que darle la vuelta a su forma de gobernar para que el nuevo periodo que se abra a partir de la investidura —si es que la consigue— tenga alguna garantía de éxito. La primera señal será la composición del futuro Gabinete, que ya no podrá gobernar de espaldas al Parlamento como lo hizo el anterior durante la etapa de mayoría absoluta, y que habrá de demostrar más profesionalidad que ideología y mucha capacidad de diálogo, sin la cual estará condenado a la esterilidad.

Uno de los cambios inaplazables es el que necesita el Ministerio del Interior. La utilización de las fuerzas de Seguridad del Estado para la guerra sucia contra los adversarios políticos y la ineficacia en el control de las pugnas entre policías hacen muy aconsejable el relevo de Jorge Fernández Díaz. La eficacia demostrada por los cuerpos policiales en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia no se merece la gestión partidista realizada por Interior, ni el empeño en promulgar una ley de seguridad ciudadana muy cuestionable. También debe desaparecer la exagerada confesionalidad religiosa que el todavía ministro imprimió a algunas de sus actuaciones, particularmente llamativa en un Estado proclamado aconfesional por su Constitución.

Un país peligroso para los derechos ciudadanos es también aquel en que el ministro de Hacienda habla selectivamente sobre asuntos de contribuyentes y desde cuyos servicios tributarios se filtran datos e informes cuyo carácter reservado ampara la ley. Esto ha ocurrido con profusión durante la gestión de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, sin que ni él ni el jefe del Gobierno hayan aclarado cómo se produjeron. Los pasos tardíos e insuficientes para responder a las preocupaciones de la Comisión Europea sobre el déficit español, las rebajas fiscales en pleno periodo electoral, el hundimiento de la recaudación del Estado y el aplazamiento de las soluciones financieras para las comunidades autónomas avalan la necesidad de un giro en el departamento de Hacienda y Administraciones Públicas.

No menor atención requiere el proceso secesionista en que están embarcadas las instituciones de Cataluña. El Gobierno precedente se ha caracterizado por la falta de iniciativa política y se ha limitado a parapetarse en los tribunales ordinarios y en el Constitucional. A la confusión ha contribuido la frecuente intervención del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en un asunto claramente de política interna, mientras que la representación exterior de España y su papel en el mundo no han dejado de debilitarse durante su mandato.

Rajoy llega hasta aquí por la necesidad que tiene este país de acabar con un bloqueo político de 10 meses, no por encarnar un proyecto claro de futuro ni por haber renovado un partido fuertemente afectado por la corrupción. Si es reelegido como jefe del Ejecutivo habrá de gobernar con el Parlamento, profesionalizar los segundos niveles de los ministerios y tener muy en cuenta que los cambios en el Gobierno deben reflejar el mayor pluralismo político actual, un valor al que la sociedad en modo alguno está dispuesta a renunciar.