Seguridad alimentaria por imperativo legal

Cuando se piensa en la lucha contra el hambre rápidamente vienen a la mente imágenes de cooperantes repartiendo bolsitas de Plumpy Nut a niños desnutridos o aviones lanzando paquetes de alimentos desde el aire. Pero hay batallas mucho menos vistosas e igual de necesarias. O más. Porque una cosa es la ayuda de emergencia, el asistencialismo o la caridad. Y otra, "establecer políticas públicas para acabar con el hambre", como proclama Guadalupe Valdez, exdiputada del Congreso de la República Dominicana. Poner por escrito en una norma que garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición no es una responsabilidad de ONG o agencias de cooperación. Sino una obligación del Estado y, por ende, un derecho de los ciudadanos. Y alcanzar un consenso para establecer eso en una ley no es sencillo.

Quienes combaten el hambre por esta vía no se enfrentan a las dificultades del terreno, ni a los elementos. Pero sí muchas veces a la lentitud del proceso legislativo, a las eternas discusiones parlamentarias y (en algunos casos) a las dificultades de una institucionalidad aún en desarrollo. Tras casi seis años de trabajo, desde el pasado 16 de junio República Dominicana cuenta con una ley de seguridad (y soberanía) alimentaria y nutricional. Porque, pese a que su economía ha crecido a un ritmo del 7% en los últimos dos años y a los avances logrados, en el país aún hay casi 1,3 millones de hambrientos (un 12,3% de la población), según datos de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La seguridad alimentaria (y nutricional) es el concepto técnico que define quién está libre de hambre: viene a ser como tener la seguridad de que se comerá de forma suficiente y adecuada.

Con tasas de pobreza aún bastante por encima del 30%, esta nación insular caribeña es la décima de América Latina en contar con una ley de este tipo. Esta oleada de normativas para positivizar el derecho a la alimentación viene impulsada por los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, de cuya sección dominicana Valdez fue promotora. Estos frentes son una iniciativa impulsada por la cooperación española (AECID) y la propia FAO para reunir a legisladores de la región comprometidos en la lucha contra la desnutrición. Todas las acciones del Frente reciben el apoyo de la iniciativa Mesoamérica sin Hambre, de la cooperación mexicana, y tienen una fuerte base de cooperación entre países de la zona.

Muchos pequeños productores se ven por fin reconocidos en un texto legal bajo el epígrafe de 'agricultores familiares'

Así que el proyecto de ley dominicano bebió de las fuentes de sus predecesores, pero por optó por un camino propio. "El proceso participativo de consulta previa dominicano es un ejemplo para la región", remarca Ricardo Rapallo, de FAO. Porque para elaborar el texto se hizo todo un proceso de consultas con los sectores involucrados. "Creo que así deberían ser todos los procesos legislativos", defiende Valdez. Incluso se desechó la idea de hacerlo por internet, porque eso implicaba dejar fuera a una gran parte de la población que no tiene acceso a la red.

Alumbrar la norma no fue sencillo. Hubo que fundir dos proyectos de ley (el del Congreso, impulsado por el Frente, y otro en el Senado) y además incorporar las aportaciones de distintos sectores, como esos campesinos o pequeños productores. Muchos de estos se ven por fin reconocidos en un texto legal bajo el epígrafe de 'agricultores familiares'. "Estuvimos presentes en todas las asambleas", recuerda Quintino dos Santos, representante del movimiento campesino.

Esta es una de esas cosas que puede parecer un mero tecnicismo, pero lo cierto es que ante el Estado, si uno no está definido es como si no existiera. Ahora, esos agricultores familiares ya podrán participar y tener oportunidades en otro tipo de programas, como el de alimentación escolar. "Antes había una falta de políticas de agricultura familiar", reconoce Nelson de los Santos, subdirector técnico del Instituto de Bienestar Estudiantil responsable de la iniciativa. Precisamente, el Ministerio de Agricultura ha avanzado en este sentido con la promulgación de un decreto para crear el Consejo de la Agricultura Familiar.

La provincia de Monte Plata, en el centro del país, es una de las zonas más vulnerables de República Dominicana. Allí se desarrolla un plan piloto para implementar estos planes de comidas en las escuelas, que dan desayuno, almuerzo y merienda a sus alumnos y buscan la colaboración de los padres. La idea es completar el círculo virtuoso: los ahora sí visibles agricultores familiares, agrupados en cooperativas, serán quienes surtan de frutas y verduras a los niños de sus comunidades, teniendo así garantizado un mercado para sus productos. "Y bajo la sombrilla de la ley podemos fortalecer el programa de alimentación escolar", agrega De los Santos.

La nueva norma pasa a ver la seguridad alimentaria como un derecho, más que como un tema de simple producción de alimentos. Pero también toca cuestiones prácticas. Como evitar duplicidades. Descentralizar la toma de decisiones. U obtner de información relevante con la que poder tomar decisiones. "Hasta ahora no sabíamos cuánto se invertía concretamente en seguridad alimentaria más que por la iniciativa personal de alguien en el ministerio: ahora sí podremos verlo", ejemplifica la exdiputada Valdez.

Otra de las cuestiones que se subió en marcha a la ley gracias a las consultas fue el concepto de soberanía alimentaria, que originalmente no estaba recogido. "Es un elemento político que obliga al Estado a proteger la producción agropecuaria interna", apunta Minier. Se busca que los productores nacionales (especialmente los más pequeños) no se vean desamparados ante los tratados de libre comercio y pierdan dinero porque no pueden competir con los precios de productos importados de otros países. "La ley debe ser un contrapeso a esos tratados", señala el extrabajador de Oxfam, hoy en Plan International.

El camino ha sido largo, pero las instituciones dominicanas ya están obligadas legalmente a crear un Sistema Nacional (al estilo del de la Seguridad Social, el de educación...) que garantice "el derecho fundamental" a una alimentación y una nutrición adecuadas, además de la soberanía del país. Pero tras ese hito llegan tres retos capitales para que no quede en papel mojado: desarrollar mediante un reglamento todo lo que la ley dispone, dedicar los recursos y el presupuesto necesario y dar a conocer la ley para que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento.

“No hacemos nada con marcos legales excelentes si no existe esa voluntad política de asignar recursos”, advierte la exdiputada Valdez

"No podemos avanzar en un tema de derechos si la gente no lo conoce", sentencia el diputado Hamlet Melo, actual coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre dominicano. "Aún falta crear conciencia", considera. Porque el tema ha calado en la agenda política y en los colectivos que han participado en su concepción, pero aún tiene que llegar a muchos ciudadanos. Concursos, vídeos, festivales e incluso la impresión de sellos conmemorativos intentan publicitar la idea. "Ninguna ley avanzará en el Estado sin ese empoderamiento de ciudadanos y ciudadanas", opina Valdez.

Porque República Dominicana, como reconocen ciudadanos, miembros de la sociedad civil, y también sus legisladores, tiene leyes muy buenas técnicamente y muy ambiciosas en cuanto al reconocimiento de derechos. Que se consigan realmente llevar a efecto es otra cosa. De ahí la necesidad de tenerla en cuenta en los presupuestos. "No hacemos nada con marcos legales excelentes si no existe esa voluntad política de asignar recursos", advierte la exdiputada. Y repartir los fondos no es una cuestión que suscite tanta unanimidad como reconocer derechos. Además de estar sujeta a las prioridades del Gobierno de turno. Lo mismo ocurre con la redacción del reglamento que desarrolle lo aprobado. "En los detalles está el diablo", comenta Rapallo, "pero a todos les interesa avanzar".

El reto es aún mayor en un país donde el Estado no puede ser demandado, a falta de que se desarrolle legalmente una jurisdicción administrativa. Si la Administración falla, no hay una vía para reclamar. De ahí la importancia de que sea conocida, para que su reivindicación venga al menos por la vía política.  "La ley por sí sola no va a zanjar el problema del hambre en ningún país", reconoce Rapallo. "Pero es sin duda una parte importante de la soución. Y en República Dominicana puede cambiar muchas cosas a medio plazo".