Provocación y victimismo

El Registro de Partidos Políticos ha rechazado la inscripción del Partit Democràta Català —la nueva Convergència— hasta que no subsane algunos defectos del proyecto presentado. No le ha faltado tiempo a la cúpula del nuevo partido que preside Artur Mas para reforzar su estrategia victimista y utilizar la negativa como motivo de agravio con el que llamar a la manifestación independentista de la Diada. Sin embargo, no carece de fundamento el hecho de que el registro rechace el nombre. Su argumento es que se parece demasiado al de otros partidos ya existentes, entre ellos el registrado por una de las escisiones de Unió Democràtica, que lo ha impugnado. Tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han establecido que deben evitarse los nombres que puedan provocar confusión en los electores.

La segunda objeción se refiere al preámbulo de los estatutos, en los que, tras afirmar que el nuevo partido se propone conseguir que Cataluña se organice como Estado independiente, apostilla: “sin renunciar a la vía unilateral para alcanzar este objetivo”. Que un partido pretenda la independencia es perfectamente legítimo. Que proclame que para ello está dispuesto a prescindir de la legalidad puede chocar con el artículo 6 de la Ley de Partidos, que establece que estos “se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”.

Esta ley, aprobada en 2002 con el voto favorable de CiU, fue ya muy controvertida en su origen y, aunque la apostilla es una provocación, habría que evitar lecturas restrictivas que puedan afectar a la libertad de asociación. Por otra parte, el hecho de que el Registro de Partidos dependa del Ministerio de Interior, y su actual titular haya incurrido en maniobras espurias contra el independentismo, da alas en Cataluña al discurso victimista de Mas, lo que demuestra la inconveniencia de que Fernández Díaz siga ocupando esa alta responsabilidad.