Egipto, la doble cara de la lucha contra la corrupción
La manera en que el Gobierno aborda uno de los principales problemas desata la polémica
En Egipto, este verano han destacado dos nombres propios por un mismo tema, la corrupción, pero por motivos bien diferentes. El magnate hispano-egipcio Hussein Salem ha llegado a un acuerdo con las autoridades egipcias para recibir una amnistía de sus diversas condenas de cárcel por corrupción a cambio del pago de más de 534 millones de euros. El expresidente del equivalente del Tribunal de Cuentas, Hisham Geneina, fue condenado a un año de cárcel tras denunciar que la justicia egipcia no estaba persiguiendo a decenas de sospechosos por corrupción señalados en sus informes. El principal cargo en su contra: “difamar las instituciones del Estado”.
La ubicuidad de la corrupción fue uno de los factores que motivaron la Revolución Egipcia que destronó a Hosni Mubarak. Cinco años después, según la ONG Transparency International, Egipto ocupa el puesto 88 de 168 de su índice de corrupción, y un 80% de los egipcios sostienen que el nivel de corrupción se ha mantenido o agravado después de la revuelta. En uno de sus informes, Geneina cuantificó la cifra que escapó de los cofres del Estado a causa de la corrupción en más de 60.000 millones de euros entre 2012 y 2015. El alto funcionario reveló su estimación a la prensa, desatando una fuerte polémica. El presidente, Al Sisi, le cesó.
La condena de Geneina ha suscitado numerosas críticas en las redes sociales, así como por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil. “Si Al Sisi se tomara en serio la lucha contra la corrupción, como ha dicho una y otra vez, debería reforzar las agencias reguladoras encargadas de investigar la corrupción en lugar de debilitar la autonomía de la que dependen”, ha declarado Nadim Houry, una de las responsables de la ONG Human Rights Watch para Oriente Medio, que ha instado a la Fiscalía de Egipto a retirar la demanda contra Geneina mientras los tribunales estudian su apelación de la sentencia. La única nota positiva del verano ha sido la dimisión del ministro de Provisiones después de un escándalo de corrupción en la compra de trigo por el Estado.
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