El tiempo apremia

Resulta difícil de comprender la parsimonia con las que se está conduciendo el proceso de investidura del jefe del Gobierno. Es cierto que existen numerosas reglas y formalismos, de un anacronismo exasperante, que fuerzan la dilación sin sentido del proceso. Pero también es cierto que la clase política, incluida la Jefatura del Estado, parece sentirse tan cómoda en este régimen de indolencia que ni siquiera hace por exprimir los márgenes de los que sí dispondría. Qué impide al rey Felipe VI haber convocado para hoy mismo la ronda de consultas y finalizarla el sábado, en lugar de darse hasta el martes para iniciarla, es una pregunta legítima cuando llevamos siete meses sin Gobierno y hay decisiones urgentes en el horizonte.

Vivimos en el reino de la confusión y el oscurantismo. El primero que ha de despejar obstáculos y dudas es el partido encabezado por Mariano Rajoy. Esta fuerza política sigue sin explicar las razones del apoyo recibido de grupos soberanistas para la Mesa del Congreso, situación que ha causado el enfado de Albert Rivera, cuyo partido había anunciado su abstención en la investidura de Rajoy, y que ahora amenaza con votar en contra si hay pacto entre el PP y los nacionalistas. Se comprende que una fuerza política nacida como alternativa a los soberanistas no quiera verse mezclada con estos en la reelección de Rajoy, pero tampoco debe llevar al extremo la dificultad surgida. Ciudadanos ha salido muy bien parado en la constitución de la Mesa del Congreso, lo cual invita a matizar la reacción a las incidencias que surjan por el camino.

En todo caso, la formación del nuevo Gobierno depende en gran medida del PSOE. Este partido no necesita respaldar a Rajoy, ni avalar la acción del futuro Ejecutivo con un voto positivo, ni mucho menos incorporarse al Gabinete. Lo que sí tiene que hacer es no obstaculizar la constitución del Gobierno, por medio de la abstención. Ni las urgencias en materia económica, ni la negociación pendiente con Bruselas, ni la necesidad de mantener la guardia alta en materia de seguridad permiten dilaciones.

La prioridad absoluta es la de hacer posible el pacto que dé vía libre a un nuevo Ejecutivo, corrigiendo la fallida legislatura precedente. Para ello se necesita el concurso de las principales fuerzas políticas y, si es preciso, la capacidad de arbitraje que la Constitución atribuye al jefe del Estado. De ningún modo se puede perder el tiempo en maniobras miopes, como si diera igual tener un Gobierno en funciones que un poder ejecutivo legitimado por la investidura de su presidente y sometido al control parlamentario. Sobran los vaivenes tácticos de cara a la galería: cuanto antes se llegue al final del proceso, mejor para todos.