Las puertas del Reino Unido

El rechazo a la inmigración tuvo un papel relevante en el resultado del referéndum británico. Ganaron los xenófobos: ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con la inmigración al Reino Unido en adelante?. La respuesta corta es “probablemente nada”. Vamos por partes: sólo una parte de la inmigración que recibe el RU es comunitaria y por tanto sólo a ellos les afectarían los cambios de la eventual salida de la Unión Europea. Hay que insistir en que es “eventual” porque en este momento ni siquiera está claro si va a producirse efectivamente o será paralizada desde las instituciones británicas.

Pero supongamos que efectivamente el RU dejase mañana de ser un Estado miembro de la UE. Puesto que tampoco es miembro del espacio Schengen de libre circulación de personas, o sólo lo es en parte, podría imponer visados a los ciudadanos europeos que deseasen entrar en el país. Eso no cambiaría la situación de los que ya están dentro, 2.300.000 extranjeros comunitarios, aunque reduciría su movilidad internacional. Para evitar un colapso económico el Gobierno y el Parlamento tendrían que redactar nuevas normas que permitieran la concesión de un permiso de estancia y trabajo a todos esos que ya están trabajando allí. De la misma forma, para evitar el colapso del sistema universitario, que vive en gran parte de los estudiantes extranjeros, tendrían que conceder de prisa permisos a los estudiantes comunitarios. Y qué decir del preciado NHS, el sistema de salud público, que se mantiene gracias al trabajo de médicos y enfermeras extranjeros, en buena parte comunitarios, mientras los médicos británicos emigran a Estados Unidos donde pueden ganar mucho más dinero con una consulta privada. Después los británicos deberían implantar políticas para erradicar la inmigración irregular, algo que se han demostrado incapaces de hacer en el pasado. No hay ningún signo de que ahora puedan hacerlo: a fin de cuentas, el negocio de los que se aprovechan de la inmigración irregular ha tenido hasta ahora más peso político que las quejas de los trabajadores autóctonos desplazados por los inmigrantes. Recuerden: es un sistema liberal.

¿Se atreverían los británicos a exigir visado a todos los ciudadanos comunitarios? ¿Querrán poner dificultades al empresario alemán, al alumno francés, al turista italiano? ¿Qué pasaría con el negocio de tantas familias que hacen literalmente su agosto gracias a los alumnos europeos que pasan el verano con ellos mientras intentan aprender inglés? En realidad, de entre los comunitarios, los únicos que parecen molestarles son los emigrantes del Este Europeo. ¿Eximirán de visado entonces al resto? Pueden hacerlo, claro está, pero eso no va a ganarles el apoyo de los Estados del Este en las futuras negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo comercial que les permita seguir accediendo al Mercado Único. Polonia, Rumanía y Bulgaria podrían bloquear cualquier acuerdo comercial o de otro tipo con un Reino Unido que impidiera entrar a sus nacionales. ¿Serían tan insensatos los británicos como para sacrificar su acceso al mercado único? Probablemente no.

El Gobierno francés podría dejar de cooperar con ellos en el control del paso de Calais

En cuanto a los refugiados, su llegada libre a la UE por la vía de los Balcanes durante meses ha aumentado en el RU el temor a verse afectados por una Europa incapaz de gestionar sus fronteras. Sin embargo, el Brexit puede reducir en vez de aumentar la capacidad de gestión del RU en este tema. Por una parte, si el RU sale de la UE el Gobierno francés podría dejar de cooperar con ellos en el control del paso de Calais y, sin más, permitir que los miles de inmigrantes y refugiados que intentan atravesar el Canal de la Mancha lo hagan libremente. Ya no tendrían que esconderse en los bajos de los camiones, podrían simplemente coger el ferry como cualquier otro viajero, y los campamentos en el Norte de Francia se trasladarían al Sur de Inglaterra. Por otra parte, el RU, que forma parte del Sistema Europeo de Asilo, devuelve cada año miles de peticionarios de asilo, en aplicación de la Regulación de Dublín, al país por el que entraron en la UE. Esa regulación está ahora puesta en duda y sujeta a revisión y al RU le va a resultar más difícil influir en la discusión si está fuera de la UE.

La economía británica no puede prescindir de golpe de sus trabajadores extranjeros comunitarios

¿Y qué puede pasarles a los británicos que viven en otros países de la UE? Son 1.800.000, según las fuentes del RU, que infraestiman la cifra. Los Estados donde residen, como España, donde habitan unos 300.000 británicos (258.965 según el INE), decidirán si concederles o no automáticamente un permiso de residencia y trabajo, o bien obligarles a someterse a la legislación general de inmigración, lo que dejaría en la ilegalidad y riesgo de expulsión a la muchos de ellos, y firmar o no acuerdos con el RU que les permitan disfrutar de la sanidad pública en los países de la UE. Los incentivos de los Estados miembro para tratar con excepcionalidad generosa a los residentes británicos estarán en proporción directa a la apertura hacia los ciudadanos europeos que demuestre el futuro Gobierno británico. Es un intercambio de personas: 1.800.000 británicos en otros países de la UE frente a 2.300.000 comunitarios en RU. Con la gran diferencia de que muy pocos de esos 2.300.000 son jubilados y por tanto su aportación económica al Estado británico es mucho más importante que la del caso contrario. Dicho de otra forma: la economía británica no puede prescindir de golpe de sus trabajadores extranjeros comunitarios. Pero el resto de las economías de la UE sí pueden prescindir de los jubilados y los trabajadores británicos. Esto deja claro que el RU tiene poco o ningún poder negociador en este tema ante la UE, cuando llegue el momento de negociar desde fuera de ella.

En definitiva, lo más probable es que poco o nada cambie en este tema y que el RU acabe teniendo que conformarse, como mucho, con las migajas que la UE les ofreció antes del referéndum para calmar a los euroescépticos. Desde luego, no van a encontrar mucha simpatía en la negociación.

Carmen González Enríquez es catedrática en la UNED e investigadora en el Real Instituto Elcano.