Poderes para Draghi
El Constitucional alemán amplía de hecho el margen de decisión monetaria del BCE
El Tribunal Constitucional alemán ha demostrado buen sentido. De hecho, se ha comportado de forma más sensata que una parte de la opinión económica alemana, liderada por Jens Weidmann, el presidente del Bundesbank, en pie de guerra permanente contra la política monetaria excepcional del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la amenaza deflacionista. El tribunal de Karlsruhe acaba de declarar cosntitucional el programa de compra de deuda masiva anunciado preventivamente por Mario Draghi en 2012, cuando pronunció las palabras mágicas que frenaron en seco la especulación contra los países más endeudados y con mayor déficit (entre ellos España). Para los críticos de Draghi (Weidmann, el ministro Schäuble, algunos Institutos que parecen oráculos) ha llegado la hora del crujir de dientes; el Constitucional de su país respalda el plan de compra de deuda —nunca aplicado, porque no hizo falta—, aunque con condiciones.
Las limitaciones implican que el volumen de compra sea limitado, que no se anuncie con anterioridad y que, de aplicarse, se haga bajo la supervisión del parlamento alemán. Al final, Karlsruhe no puede evitar en los detalles el reflejo chauvinista: Alemania debe tener el control. Pero lo relevante es que la controvertida política monetaria de Draghi es constitucional en Alemania. El tribunal refuerza la figura de Draghi ante los mercados, sostiene el prestigio del Banco Central Europeo en Alemania (falta le hará ante la pueba del Brexit) y proporciona armas jurídicas poderosas a la institución para enfrentarse a futuras maniobras de los halcones monetarios de Berlín. Los jueces son menos ortodoxos que Weidmann.
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Lo más importante es que el BCE dispone ahora de un margen de actuación más amplio para tomar decisiones monetarias heterodoxas más atrevidas incluso que sus medidas excepcionales presentes. Si en el futuro las circunstancias hicieran aconsejable aplicar el plan de deuda de Draghi de 2012 (que, básicamente, consiste en prestar apoyo monetario a los países), podría hacerse sin problemas jurídicos: cuenta con la aprobación del tribunal alemán y, en una decisión previa, del Tribunal europeo de justicia. Draghi tiene legitimidad de sobra para manejar la política monetaria.
Con todo, el varapalo jurídico a la ortodoxia monetaria no debe ocultar dos matices decisivos para el buen gobierno económico del euro, que (hay que creerlo así) se activará después del referéndum británico. El primero, que la política monetaria no convencional no puede ser eterna; tiene recorrido y vigencia, pero es excepcional. El segundo, que lo fundamental ahora es una política fiscal común de estímulo de la demanda que debe ser financiada parcialmente con dinero público europeo. Esperamos del tribunal de Karlsruhe la misma comprensión que hacia el relax monetario; siempre y cuando Juncker y los ministros europeos se atrevan a proponer en serio un plan de estímulo con inyecciones de inversión en todos los países
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