Una reforma crucial

El debate económico a cuatro (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) emitido por la web de EL PAÍS puso de manifiesto algunas carencias en los discursos económicos de los cuatro partidos con más votos y confirmó que rehúyen entrar en los asuntos más comprometidos. Se movieron casi exclusivamente en el terreno de las generalidades y los programas. No se percibió inquietud por la supervivencia del sistema de pensiones ni por el ajuste presupuestario que será necesario aplicar para corregir el incumplimiento del déficit. Y, sin embargo, la primera y acuciante obligación del nuevo gobierno será acudir a Bruselas para negociar un nuevo calendario de estabilidad presupuestaria, así como para aplazar la fecha de cumplimiento del déficit en función de las expectativas de recuperación económica.

El debate plasmó además una separación casi simétrica entre quienes son partidarios de bajar impuestos (PP y Ciudadanos) y quienes plantean subidas fiscales con mayor o menor claridad (PSOE y Podemos). Pero es evidente que la economía necesita, con la misma urgencia que un nuevo plan de estabilidad, una reforma fiscal profunda que no se plantee en términos de subir o bajar impuestos. Las promesas de reducir impuestos son legítimas, pero también engañosas y arriesgadas. Bajar impuestos no deja de ser una proposición imprecisa; reducir la tarifa del IRPF no es bajar impuestos, sino limitar la progresividad fiscal, porque obliga a subir impuestos indirectos y tasas. Es imposible, y eso debería quedar claro para los votantes, bajar la carga fiscal y, al mismo tiempo, reducir el déficit y mantener una financiación holgada de la protección social. Una continua rebaja tributaria desactiva la capacidad de respuesta del Estado en educación, sanidad, gasto social y seguridad, como se ha demostrado en los años de recesión.

La reforma tiene que ser integral, es decir, afectar a todas las figuras impositivas, aunque no en la misma medida. No debería reducirse de nuevo la imposición en el IRPF; pero quienes proponen subidas para las rentas más altas deberían tener en cuenta que la economía necesita aumentar el ahorro. El grueso del cambio fiscal debería afectar al impuesto de sociedades: reduciendo el tipo del impuesto y eliminando la mayor parte de las deducciones y desgravaciones que soporta, probablemente inútiles para sus propósitos y demasiado gravosas para Hacienda. El IVA requiere una reestructuración de tipos que permita un aumento paulatino de la recaudación efectiva hasta el equivalente a una tasa media del 18%.

Recortar el fraude es otra fuente potencial de ingresos. Pero para conseguir resultados eficaces es obligado no sólo elaborar planes de investigación de rentas ocultas, sino también modificaciones legales para evitar que las rentas afloradas se escapen a través de complicados procesos judiciales y cambios en la estructura de funcionamiento de la Agencia Tributaria.

El debate económico a cuatro no aclaró si los partidos intervinientes están dispuestos a iniciar una reforma tributaria integral; de hecho, incluso los que consideran subidas impositivas lo hacen desde una perspectiva parcial y limitada. Si lo hacen así, será otra oportunidad perdida.