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El acoso en el trabajo se ceba con los holandeses

Padecido por 1,2 millones de trabajadores, cuesta 1.700 millones anuales en bajas laborales

Isabel Ferrer
Acoso laboral accidentes trabajo
Imagen montada de acoso laboral. En la fotografía, un supuesto jefe controlando a un trabajador.Uly Martin

Cerca de 1,2 millones de trabajadores (uno de cada cuatro) tienen el mismo problema en Holanda. Mejor dicho, soportan un triple agravio: son hostigados, discriminados o acosados sexualmente por sus jefes y colegas. La cifra aparece en un estudio de la Organización para la Investigación de las Ciencias Aplicadas (TNO, en sus siglas neerlandesas), que asesora al Gobierno en asuntos tan variados como energía, urbanización, defensa y seguridad laboral. Según sus expertos, el padecimiento no es solo íntimo. Cada víctima se ve obligada a pedir al año siete días adicionales de baja, un permiso que le cuesta a las empresas 1.700 millones de euros anuales. Las cifras han abrumado al Ministerio de Asuntos Sociales, que ha titulado su nueva campaña contra el acoso con una dolorosa frase: “No pasa nada, ¿no?”. Justo la que escuchan los afectados cuando piden explicaciones por lo ocurrido.

Se trata de diferenciar una mala broma de esos hostigamientos nunca deseados, “que tal vez algunos puedan tomar a la ligera, pero a otros les anula”, en palabras de Lodewik Asscher, titular del departamento. Aunque también ha destinado medio millón de euros a estudiar formas de combatir las ofensas, y ha ordenado a los inspectores que afinen su labor, la tarea es enorme. El estrés encabeza los informes relativos a las enfermedades laborales en el país, y el acoso, no siempre fácil de demostrar, es uno de sus principales factores.

Asscher ha dispuesto anuncios con ejemplos de hostigamiento: empleados marginados por sus compañeros, apodos hirientes, roces físicos que parecen fortuitos… Gestos, palabras, situaciones no buscadas que mortifican al receptor y provocan ese No pasa nada, ¿no? como toda respuesta por parte del ofensor. Para ser más exactos, del ejecutor, porque la víctima pierde a veces el trabajo. De ahí que la batería oficial de medidas incluya un cuestionario de uso interno para que las empresas aprendan a reconocer el tipo de ultraje que pueda producirse en su seno. El mayor reto del Gobierno será no desentenderse pensando que ya ha cumplido.

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