Errores a la carta

La carta de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que se compromete a aplicar nuevos ajustes en la política presupuestaria y social es un paso erróneo y perjudicial para los intereses de la economía española. No es el presidente en funciones de un país que ha sufrido cuatro años de graves restricciones presupuestarias el que debe comprometer al conjunto de la economía a nuevos recortes para los próximos años; y mucho menos debe hacerlo sin informar de la iniciativa epistolar al conjunto de los partidos políticos que representan a los ciudadanos, que serán los pacientes de la nueva cirugía que prepara Bruselas. La misiva es una clara alteración de los usos democráticos.

Las intenciones de Rajoy y su equipo para enviar la carta son más transparentes que sus métodos: se trata de evitar el coste político que tendría para el Gobierno una sanción por déficit excesivo que se cargaría en la cuenta de los cuatro años de gestión del PP. Hasta finales de 2015, el equipo económico ha presumido de haber enderezado la inestabilidad financiera del país con una política de austeridad rigurosa que, además, creaba empleo. Pero durante los últimos meses la Comisión Europea ha desvelado el incumplimiento sistemático del déficit o la carrera irrefrenable de la deuda; y reclama un ajuste adicional para este año de unos 8.000 millones.

Es a este ajuste, doloroso y que hay que abordar con una negociación más próxima a los intereses ciudadanos, al que se aviene el presidente en funciones para evitar la sanción. Al Gobierno parece no importarle demasiado comprometer al país en una política que, a partir de junio, otro Gobierno se vea en la obligación de desmentir o renegociar, poniendo en cuestión la seriedad de las instituciones españolas; ni tiene reparo por decir en Bruselas se harán los ajustes necesarios, lo contrario de lo que dice en Madrid: no serán necesarios nuevos ajustes.

Si el presidente en funciones consideraba necesario, por el interés de las finanzas públicas, frenar la multa de Bruselas (felizmente aplazada), lo lógico hubiera sido reunir a los representantes parlamentarios, explicar la situación y contar con su aquiescencia o consentimiento.

Los recortes comprometidos se relacionan con el aplazamiento del objetivo de déficit por un año. La experiencia de 2012 debería haber servido a Rajoy para entender que lo correcto es negociar un calendario integral de recuperación de la economía que incluya, por supuesto, una reducción gradual del déficit, pero también el objetivo de que no sufran los parámetros de crecimiento, empleo y gasto social. Es imposible que un ajuste de 8.000 millones no ponga en peligro la recuperación; y eso significa que en vez de un año de prórroga el normal desenvolvimiento de las rentas y el empleo en España requiera dos o tres años más.