Decisiones urgentes

La economía española entra en una fase que, si bien no es alarmante, puede calificarse de delicada. La Comisión Europea insiste en que España ejecute un ajuste presupuestario para corregir el exceso de déficit, tesis a la que se ha sumado el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de prorrogar hasta 2017 el objetivo del 2,8%. Al mismo tiempo, el Gobierno en funciones ha corregido a la baja sus expectativas de crecimiento (al 2,7% y 2,4% para los ejercicios 2016 y 2017 respectivamente) para acomodar las previsiones a la evidente desaceleración económica global. Es decir, el futuro Gobierno tendrá que acometer un nuevo plan de ajuste en condiciones de ligera desaceleración del PIB, con una estructura fiscal debilitada por una reducción del IRPF aprobada en buena parte por razones electorales y un margen temporal escaso debido al retraso en la formación del Gobierno (el ajuste de un año tendrá que aplicarse en seis meses).

La situación exige un Gobierno con plenas competencias, dispuesto a tomar decisiones y con las ideas claras en política económica. Pero lo que se necesita y lo que hay son cosas bien distintas. Lo que hay es un Gobierno en funciones, cuya política económica ha conducido a un exceso de déficit (el déficit estructural es superior al de 2011) y un volumen de deuda pública que rebasa ya el 100% del PIB, casi tres veces más que al comienzo de la legislatura; y hay una muy baja probabilidad de formar nuevo Gobierno. Será además el Ejecutivo en funciones quien tenga que presentar en Europa un nuevo plan de estabilidad para los próximos dos años, a pesar de que su credibilidad en Bruselas es más bien baja y su crédito político está relativamente agotado.

La acción política se define como la capacidad para modular necesidades aparentemente contradictorias. La economía tiene que ajustar sus finanzas públicas mediante una reducción del déficit y de la deuda; al mismo tiempo, necesita un patrón de crecimiento que genere empleo estable y haga crecer las rentas salariales sin deteriorar más las redes de protección social, menoscabadas durante los últimos años y que son esenciales para mantener la confianza ciudadana.

Con la política monetaria de la zona euro a pleno rendimiento expansivo, cuadrar ambos objetivos es imposible si España no negocia un nuevo calendario de ajuste con Bruselas. A pesar de la tasa de crecimiento de 2015, hay que aceptar que la economía no ha alcanzado los niveles de renta previos a la crisis. Por eso es urgente negociar con la Comisión un nuevo plan de estabilidad que amplíe el calendario de déficit. Esa ampliación no tiene por qué limitarse a un solo año; de hecho, deberían ser entre dos y tres, para encontrar márgenes de aplicación de nueva inversión pública y, a cambio, llevar a cabo verdaderas reformas estructurales, sobre todo de carácter fiscal y administrativo.

Esta negociación no pueden gestionarla Rajoy, Guindos o Montoro. Es tarea para un Gobierno nuevo. Cada día que se retrasa su formación se alejan oportunidades negociadoras y tiempo de reformas. Si el país va a unas nuevas elecciones se habrá perdido, en términos económicos, más de medio año.