Confesión de fracaso

Mariano Rajoy y su equipo económico han aceptado la evidencia del fracaso de la política de estabilidad durante la legislatura. Dado que el déficit público se ha disparado muy por encima de los objetivos comprometidos, solicitarán un año más de gracia para alcanzar ese 3% del PIB pactado con la Comisión Europea como prueba de estabilidad financiera.

El precio de la prórroga no será barato. Probablemente se pretenderá imponer a las comunidades autónomas un ajuste de entre 5.000 y 7.000 millones —una losa difícil de soportar para un sistema mal financiado y con gasto social bajo mínimos—, ajustes adicionales en el Estado, un Presupuesto nuevo y creíble (que probablemente tendrá que elaborar el nuevo Gobierno) y la tutela de las autoridades comunitarias sobre las finanzas públicas españolas.

Bruselas ha perdido la confianza en las supuestas excelencias de la austeridad española; y no se trata de una percepción injusta. Los Gobiernos de Mariano Rajoy han presentado y apoyado planes de estabilidad en los que, de forma pintoresca para tratarse de programas de ajuste, la deuda pública crecía continuamente. Ejercicio tras ejercicio se han incumplido los objetivos de déficit acordados con Europa y habrá que esperar a que un Gobierno distinto a este certifique que incluso las insuficientes reducciones del déficit no se deben a maquillaje presupuestario. Hacienda pretende cargar la responsabilidad de los incumplimientos sobre las autonomías, cuando el Gobierno central es responsable de supervisar el cumplimiento de la estabilidad financiera general. Las comunidades han incumplido, sin duda, pero la Administración central también.

Pero lo que probablemente inflamó el descontento de Bruselas es el hecho de que con cumplimientos débiles o discutibles de los objetivos de estabilidad, el Gobierno decidiera una (mal llamada) reforma fiscal que redujo sobre todo la tributación por IRPF. La rebaja ha debilitado los ingresos públicos y, lo que es peor, se ha percibido en Europa como un acto poco responsable, propio de un equipo que sólo piensa en términos de votos. La suposición de que el crecimiento compensaría el descenso de la recaudación se ha demostrado como un cálculo erróneo y quienes defendían tal tesis desde el Gobierno deberían aceptar públicamente su equivocación.

El movimiento de Rajoy, Guindos y Montoro llega tarde y transmite la sensación de que el Gobierno en funciones no sabe qué hacer. Bruselas negociará con mejor disposición con un Gobierno nuevo, al que pueda reclamar responsabilidades en los próximos ejercicios. Y, por otra parte, es necesario conocer con detalle la propuesta de plan que presenta este Gobierno con ánimo de llegar a un acuerdo rápido en busca de rentabilidad electoral. Un año de prórroga puede ser mucho o poco; dependerá de la cantidad y calidad de gasto público que el Estado quiera proteger y del margen para estimular la economía que quiera reservarse. Pero, como tantas veces ocurre, se arrojan propuestas sin contexto y sin relación con el entorno económico y social.