Confusión en Grecia

Las medidas selladas la semana pasada por la Unión Europea y Turquía para intentar frenar la crisis migratoria no han podido tener un arranque más desalentador. Si el objetivo era frenar de golpe la oleada de llegadas a Grecia por la ruta del Egeo, no se puede negar que el resultado ha sido decepcionante. La principal puerta de entrada a territorio comunitario sigue siendo un coladero. El domingo, primer día de vigencia del ambicioso pacto, llegaron a las islas griegas casi un millar de personas sin que los sistemas de vigilancia helenos de costas ni Frontex, la agencia europea de control, pudieran evitarlo.

Desde el año pasado un millón de migrantes irregulares ha entrado en Grecia por vía marítima. De un día para otro será difícil frenar la incesante riada humana y no deja de ser ilusorio pensar que el acuerdo entre Bruselas y Ankara va a erradicar el tránsito de botes de goma cargados hasta los topes de personas que huyen de la guerra de Siria o de la inseguridad de Irak. El caos y la improvisación que han salpicado el estreno de los acuerdos antiinmigración han puesto de manifiesto las dificultades de una tarea titánica a la que el Gobierno de Alexis Tsipras no puede hacer frente sin el decidido apoyo —y no solo en el ámbito económico— de los socios comunitarios.

Grecia tiene todavía en su territorio casi 50.000 refugiados e inmigrantes, gran parte de ellos recluidos en campos que carecen de las más elementales condiciones de vida. Al otro lado del Mediterráneo, muchos de los que se embarcan ignoran que la frontera se ha cerrado y emprenden un viaje —que ahora irremediablemente es de ida y vuelta— engañados por las mafias.

El desafío es mayor si se tiene en cuenta que no solo se trata de gestionar de manera rápida y eficaz las expulsiones sino de mostrar la misma energía a la hora de administrar las entradas legales de refugiados para cumplir el grueso del acuerdo de los Veintiocho y el Gobierno turco. El esquema “uno por uno” implica que por cada persona expulsada se facilita la reubicación en la UE de un peticionario de asilo de entre los miles de sirios que esperan en Turquía la documentación necesaria para instalarse en Europa legalmente.

Poner en práctica el pacto para retornar a los migrantes —incluidos los refugiados— que entren en Grecia sin papeles exige organización y medios, y la imagen caótica que ha proyectado la gestión inicial de la UE resulta inquietante. La Comisión Europea calcula que para llevar a cabo estas devoluciones exprés será necesario movilizar a varios miles de expertos, entre ellos jueces, abogados y policías. Se trata, ante todo, de garantizar que el proceso cuenta con todas las garantías. Sería una imprudencia que por el afán de expulsar a los migrantes se haga indiscriminadamente y se manden de vuelta a perseguidos políticos cuya vida pudiera correr peligro fuera del cobijo europeo.