Un compromiso contra la corrupción

Contemplo desde el balcón de Bruselas donde resido el espectáculo desolador de España. El sarpullido de síntomas y estigmas exhibe al desnudo una profunda crisis de nuestra identidad colectiva, arruinados los fundamentos morales y políticos del Estado. Aparece como gastado, sin fe en sí mismo, enfangado en una encrucijada alarmante de nuestra historia. Cuanto se nos muestra es más propio de un país a medio hacer, o quizás —si no lo remediamos a tiempo— a medio deshacer. Me pregunto cómo una nación de tan vieja cuna, el primer Estado nacional de Occidente, no haya sabido establecer reglas y confirmar tradiciones que evitaran esta lamentable situación. Al pensar en otras grandes naciones de Europa el sentimiento se torna en decepción. Los británicos hicieron frente a su historia en el último tercio del siglo XVII y Francia se encontró a sí misma a finales del XVIII. No pretendo negar la corrupción en esos países, pero la conciencia nacional que en ellos existe hubiera impedido la actual zozobra de España. En efecto, nadie se roba a sí mismo. Nosotros, cinco centurias después de nuestro nacimiento, nos seguimos preguntando —como hace un siglo Ortega— por el ser de “…esta como proa del alma continental”.

Es inevitable que reflexionemos sobre las desafortunadas decisiones de nuestros dirigentes que nos han llevado hasta aquí. En efecto, la corrupción como estado final de desnaturalización del cuerpo social y político es obra de un errático entendimiento del gobierno de la cosa pública y de la ignorancia de la condición humana. A la vista del tornado que arrasa la credibilidad de la clase política y consciente ahora de que peligra su statu quo, todo son programas y proclamas contra la corrupción. Sin embargo, no conviene que nos dejemos convencer tan pronto. La gangrena está tan extendida que se imponen medidas radicales. Algunos llevamos varios lustros denunciando el mal y reclamando soluciones. Y a la vista de la indolencia, cuando no complicidad del sistema, hemos sostenido que la corrupción se ha esparcido por la falta de voluntad política para frenarla.

Las medidas adoptadas han sido con harta frecuencia meros tranquilizantes para una sociedad conmocionada y legitimación simbólica de prácticas ilícitas que discretamente se han amparado. Ahora se impone un diagnóstico aún más descarnado: si no se margina la corrupción no es porque no se quiera, sino porque quizás ya no se pueda. En efecto, la red de intereses creados, la maraña de ocultos pasadizos entre el poder y la economía, sugiere que la política vive y se alimenta de la corrupción, a la que termina inevitablemente por servir. Así las cosas, la indignación se ha convertido en estado de ánimo generalizado. Se piensa que nunca tantos robaron tanto. Y no pocos lo achacan a la democracia. Pero conviene advertir que cuanto ocurre se debe precisamente a lo contrario, pues lo que padecemos es una sombra chinesca del gobierno del pueblo que imaginara Aristóteles. Sufrimos el rapto de la voluntad de la nación por entes de poder ávidos de recursos, transformados en ocasiones en partidas de oportunistas.

Los más optimistas reconocen el esfuerzo de nuestros cuerpos policiales y la respuesta de jueces y fiscales. Es cierto. Resulta admirable el abnegado trabajo de la Guardia civil y de la Policía Nacional, el compromiso de nuestro ministerio público —con la fiscalía especial contra la corrupción al frente— y de nuestros jueces y tribunales. Ha sido el sistema penal el que ha hecho frente al mal. Y el Derecho, el principal defensor de nuestra sociedad. Han sido los uniformados y las gentes de toga los que han dado un paso al frente para salvar el sistema constitucional. Nuestro Estado, sostenido por su esqueleto administrativo, policial y judicial, preservado hasta ahora, en general, del mal de la corrupción. ¿Dónde estaba, entre tanto, la política?

No se ha escuchado entonar con la suficiente credibilidad el ‘mea culpa’ de los empresarios

Pero España no puede vivir en permanente estado de alarma y sobresalto, con el consuelo del quehacer de la justicia penal. Se impone atacar al problema en su raíz, con un programa estratégico que impida la repetición de la plaga. Para ello deberemos reconocer que el virus habita en los partidos políticos, lo que facilita su dudoso funcionamiento democrático. Y su financiación es el nudo gordiano del problema, que requiere una reforma en profundidad, con mayor control de sus cuentas. Y una cura de adelgazamiento, para que adquieran su tamaño adecuado. Habremos de pasar, en suma, del actual Estado de partidos a un Estado con partidos, que actúen de manera democrática.

Debemos tener muy en cuenta, además, a nuestro tejido empresarial. El cohecho es un fenómeno bilateral y el agente corruptor, aspecto central del problema. Sin embargo, no se ha escuchado entonar con la suficiente credibilidad el mea culpa de los empresarios, ni menos aún su propósito de enmienda. Pero sin un código ético en los negocios la amenaza seguirá al acecho. Y de este modo, nuestra economía corre el riesgo del amiguismo sectario, sin garantías de que las empresas compitan en igualdad de condiciones. En tal situación el mérito de los mejores es devorado por el privilegio de los ventajistas. Las consecuencias son devastadoras para el progreso del país.

El nuevo modelo debe centrarse en el informador, protegido para favorecer la denuncia del soborno

Un plan integral y estratégico contra la corrupción requiere un compromiso de Estado, suscrito por la gran mayoría de las fuerzas políticas. Y una acción transversal y coherente que abarque la corrupción política, la administrativa y la criminal. Su puesta en práctica requerirá reformas de hondo calado, algunas de alcance constitucional. Ha de expulsarse la partitocracia de la Justicia, preservando la independencia del Poder Judicial y la autonomía del ministerio público. Debemos acentuar las incompatibilidades y los códigos éticos en la vida política, suprimir inmunidades y aforamientos e impedir transferencias de políticos a las empresas, donde podrán servirse de sus contactos, huérfanos de otros méritos con que contribuir a la causa.

Es fundamental el control efectivo en la contratación pública, con la decisiva responsabilidad de los interventores. Ha de revisarse de manera coherente el Código Penal, superando el parcheo al que se le ha sometido. Y afrontar la cuestión de la investigación del crimen, que al menos en los delitos relacionados con la corrupción debe confiarse al fiscal. Es fundamental, además, que se facilite la información sobre el hecho. La corrupción es un fenómeno oculto, como fantasma circulando discretamente por los despachos oficiales. No hay signos visibles en él, sobrevive al cobijo de la ley del silencio. Únicamente quienes están cerca del delito pueden desvelarlo. Por ello, el nuevo modelo de investigación debe centrarse en el informador, protegido de manera eficaz para favorecer la denuncia del soborno. Finalmente, la creación de una Agencia Nacional contra la Corrupción, con una doble vertiente preventiva y represora, es una idea acertada. Solo con un tal compromiso de Estado contra la corrupción, que se extienda a las medidas aquí propuestas, estaremos en condiciones de superar tan delicado trance, el del destino de España. Quizás estemos aún a tiempo. Muchos lo estamos esperando.

Joaquín González-Herrero es fiscal.