El desafío de Apple

La batalla que mantienen la tecnológica Apple y el Gobierno norteamericano—a través del FBI— sobre protección de datos de teléfonos móviles tiene enormes implicaciones y en ella se dirime hasta dónde pueden llegar las autoridades gubernativas en el acceso a los datos privados. El FBI reclama la colaboración de Apple para acceder al contenido de un iPhone del terrorista Sayed Farook, que en diciembre de 2015 cometió un atentado en San Bernardino (California) en el que murieron 14 personas.

Una juez ha ordenado a Apple que preste al FBI “asistencia técnica razonable” para completar esta investigación. Pero lo que la policía federal reclama parece ir más allá de un caso concreto: lo que pide es que Apple cambie el sistema operativo de sus iPhone y tabletas y ponga a su disposición un software que permita burlar el sistema de encriptamiento y seguridad que tienen por defecto los aparatos. La compañía se ha negado a crear esta herramienta y en su resistencia ha encontrado el apoyo de otras grandes operadoras que utilizan sistemas parecidos. Los últimos modelos incluyen mecanismos de bloqueo del acceso que destruyen los datos cuando se producen sucesivos intentos de introducir un código falso. Esos sistemas impiden la aplicación de programas automáticos de tanteo de códigos.

Aunque el FBI asegura que solo utilizará el sistema de acceso con autorización judicial, Apple cree que modificar el sistema operativo y crear una especie de llave maestra que permita entrar en cualquier aparato implica la destrucción de los criterios de seguridad: una vez creada y entregada a terceros, nadie puede garantizar el uso que se va a hacer de esa llave. Apple ha resaltado su cooperación en 70 ocasiones para facilitar el acceso a los datos de un aparato concreto, y ha asegurado que va a seguir colaborando con la actual tecnología. Parece razonable esa vía: caso por caso y bajo estricto control judicial.