Las redes sociales angoleñas, acorraladas

La amenaza de la censura se cierne sobre el universo digital angoleño. Las redes sociales se han convertido en el último objetivo del presidente José Eduardo dos Santos, uno de los mandatarios más controvertidos del continente, para mantener control sobre los críticos. El anuncio ha llegado en unas extrañas condiciones, el tradicional mensaje a la nación de Año Nuevo. El presidente lanzó la noticia, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos descubrieron una nueva amenaza y la sociedad civil se vio un poco más acorralada.

“Las redes sociales constituyen una conquista técnica y científica de toda la humanidad, de las que los angolanos se deben beneficiar para mejorar su acceso al conocimiento”, decía José Eduardo dos Santos, en el discurso de Año Nuevo, emitido el pasado 18 de diciembre. Y el mandatario, inmediatamente, añadía: “Pero no deben ser utilizadas para violar el derecho a la vida íntima de cualquier persona, calumniar, humillar y vehicular contenidos degradantes y moralmente ofensivos”. Y sentenciaba: “El país debe disponer lo antes posible de legislación adecuada para orientar a la sociedad y a las instituciones y reprobar y prevenir la aparición de este tipo de prácticas que son inaceptables”. Curiosamente éste es el único tema (junto a la lucha contra el cambio climático) que el presidente concretó durante su comparecencia y le dedicó, prácticamente, una quinta parte de su discurso. Previamente había hablado de su convicción de defender la libertad de expresión y de preocuparse por la formación de los angoleños.

Algunos medios alternativos se hicieron eco, días después de este discurso, de las declaraciones de uno de los hombres fuertes del gobierno de Dos Santos, el general Bento dos Santos, en las que precisaba algunos de los motivos por los que es necesario controlar las redes sociales. Según estos medios, Dos Santos explicó que Internet debe utilizarse para “estudiar, investigar y mejorar el aprendizaje”, pero no para criticar a las personas y, al mismo, tiempo se quejaba de que los medios sociales no hablaban de todo lo bueno que ha hecho el régimen de José Eduardo dos Santos, que es formalmente presidente desde 1979.

El general Bento dos Santos se queja de que los medios sociales no hablan de todo lo bueno que ha hecho el régimen de José Eduardo dos Santos, formalmente presidente desde 1979

Uno de los periodistas independientes y activistas más conocidos del país, Rafael Marques de Morais, considera que se trata de un escalón más en la voluntad de Dos Santos de controlar los medios de información. “Internet es la última frontera del debate y de la libertad de prensa y de expresión por eso el gobierno le dedica ahora su atención, porque ya tiene el control de la prensa y de las radios”, explica Marques de Morais. Este periodista cuenta que hasta 2007 la radio tenía también un papel importante, pero que las emisoras alternativas han sido desmanteladas y están también bajo control del gobierno o de personas cercanas.

El anuncio todavía no ha sido concretado. En su discurso, el presidente no concretaba las medidas que se pretenden tomar para establecer este control, pero no es una novedad absoluta. El régimen ya intentó un movimiento similar en 2011, presentando la Lei de Combate à Criminalidade no Domínio das TIC e dos Serviços da Sociedade de Informação. La tramitación de esta ley se quedó a medias porque no llegó a ser aceptada por la asamblea nacional. Precisamente, en ese momento la contestación en el entorno digital acompañaba como en otros países las protestas en las calles. Mariana de Castro Abreu, la responsable de campañas de Amnistía Internacional en Angola, establece una relación directa entre esos dos hechos. “El presidente pronunció un discurso público en el que refirió a los ‘males de los medios de comunicación social’ y anunció el proyecto de ley”, recuerda la activista.

Por otro lado, Marques de Morais, señala que durante este tiempo se ha intentado controlar internet de una manera más sutil: “Se han movilizado brigadas online, para dirigir los debates en Internet, pero se han dado cuenta de que sus actividades no cambian lo que pasa en la red, que es el último espacio de crítica al gobierno que queda”.

No es casualidad que, como ocurrió en 2011, el gobierno angoleño haya recuperado ahora su objetivo de controlar los contenidos que se distribuyen por Internet y, más concretamente, a través de las redes sociales. Varias webs informativas alternativas han ido reforzando su presencia en estas plataformas. Maka Angola, un medio online impulsado por el propio Rafael Marques de Morais, tiene casi 240.000 seguidores en Facebook, en un país con cinco millones de usuarios de internet y 3,3 millones de cuentas de Facebook (en noviembre de 2015), según Internet World Stats; Club-K, otra web informativa alternativa con una fuerte presencia entre la diáspora, cuenta con casi 200.000 seguidores en Facebook; la página de la red social más popular de Central Angola 7311, un colectivo crítico con el gobierno, tiene casi 24.500 seguidores.

Precisamente fuentes de Central 7311, un grupo de activistas que se configuró durante las protestas de 2011, reconocieron que después de las detenciones y las reacciones de las autoridades antes esas manifestaciones, sus actividades se han centrado ahora en las redes sociales. Una buena parte de sus primeros impulsores están o han estado en prisión.

Varios episodios muestran cómo los medios sociales se han convertido en un obstáculo para el gobierno angoleño. Ni siquiera es necesario ver colectivos disidentes detrás de las iniciativas. Durante la primera mitad de 2015, conseguía resonancia un debate en Facebook en el que se proponía una especie de DreamTeam para un gobierno angoleño de salvación nacional. Entre los candidatos aparecían varios conocidos críticos, entre ellos, Luaty Beirão, un rapero comprometido que no se ha cansado de protestar y de exigir respeto a los derechos humanos. En octubre de 2015, ciudadanos no necesariamente organizados, se unieron a una campaña en Facebook para hacerse selfies en escenarios llenos de basura, para denunciar las deficiencias del servicio de recogida de residuos.

Recientemente, en diciembre, se arregló una visita de la rapera trinitense Nicki Minaj actuó en Luanda, en lo que se entendió como una maniobra de propaganda del régimen angoleño y llegó a fotografiarse con la bandera del país y con la hija del presidente, Isabel dos Santos. En las redes sociales, se desarrolló una campaña para exigir a la cantante que aprovechase su visita para posicionarse a favor de la defensa de los derechos humanos en el país. Esta visita coincidía con uno de los juicios más mediáticos de los últimos años a activistas angoleños. El que se ha conocido como el proceso de los 15 (o el proceso de los 15+2) que ha sentado en el banquillo a un grupo de críticos acusados de planear una rebelión. Entre esos imputados se encuentra, precisamente, el rapero Luaty Beirão, que ha llegado a ponerse en huelga de hambre durante el proceso.

Este último episodio parece haber sido determinante para el anuncio del gobierno de Angola de controlar las redes sociales. “La información sobre el proceso de los 15 ha sido un caso excepcional”, explica Rafael Marques de Morais, “porque los medios internacionales se ha hecho eco y eso ha permitido que las redes sociales tengan contenidos para difundir”. Según este periodista crítico angoleño una de las cosas que más preocupa al gobierno es el impacto internacional de estas campañas. “La legitimidad internacional determina la capacidad del gobierno para controlar el país”, asegura Marques de Morais. Además se queja de la falta de apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil angoleña: “En otros lugares se apoyan los mecanismos para que la sociedad civil explique la situación del país en el extranjero. En Angola, sin embargo, se invita al gobierno a que continúe difundiendo su versión. Porque el gobierno necesita a la comunidad internacional, pero a la vez ésta todavía tiene muchos intereses en Angola”.

Así, el anuncio del presidente José Eduardo dos Santos, llega en un momento de efervescencia de las redes sociales y ante un panorama de previsible aumento de los conflictos sociales, debido a la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del Estado. Pero al mismo tiempo, se produce en un contexto en el que “la libertad de prensa y la libertad de expresión están constantemente siendo violadas en Angola”, según la activista de Amnistía Internacional, Mariana de Castro Abreu. Y, aunque todavía no se hayan lanzado campañas contra esta maniobra del gobierno, desde Amnistía Internacional ya señalan que se movilizarán en caso de que siga adelante y Marques de Morais asegura que la sociedad civil “está más dispuesta que nunca a oponerse y no permitirá que se controle internet”, aunque considera que hace falta que aparezcan líderes de opinión para abanderar este movimiento.