Descalificación

La cascada de casos judiciales por presunta corrupción compromete todavía más al Partido Popular en plenas consultas del Rey con los grupos políticos. Las evidencias del pillaje practicado por anteriores autoridades del PP en la Comunidad Valenciana se suman a las irregularidades investigadas en la empresa estatal Acuamed, últimos casos de una montaña que no deja de crecer.

La perspectiva es muy inquietante para este partido, al que le vencen todas las facturas procesales en los próximos años. Le quedan pendientes el juicio de la trama Gürtel, el de los papeles de Bárcenas (la contabilidad en b de la organización central del PP) y los sumarios a los que ha dado origen el denunciado latrocinio valenciano. Imposible sostener que el principal partido de España pueda pasar página sin más, como si las investigaciones y juicios fueran mera rutina.

Es exigible un alto grado de control interno a los partidos, para no falsear la competición política con financiaciones irregulares y enriquecimientos injustificables. Además de un problema ético, la corrupción altera la contienda política, destruye la confianza en las instituciones y crea una casta de conseguidores ajena a lo que debe ser una economía moderna. Y no resulta tranquilizador que se tomen medidas internas en un partido solo cuando las instituciones del Estado actúan contra los corruptos.

Por eso, cualquier pacto de gobernabilidad que se intente tiene que comenzar por un firme proyecto contra la corrupción. Es verdad que durante la pasada legislatura se introdujeron ciertas medidas —creación del delito de financiación ilegal, introducción de la responsabilidad penal de los partidos—, increíblemente ausentes del Código Penal hasta entonces. Sin embargo, permanecen la falta de mecanismos preventivos y las deficiencias en la normativa sobre contratación, que permiten esconder las peores prácticas.

Mariano Rajoy reconoce ahora que la corrupción ha pasado una abultada factura a su partido, castigado en todas las convocatorias electorales celebradas en España desde 2014. Hasta el punto de que se verá imposibilitado de continuar en el poder si no cuenta con los apoyos de otros. Pero esos otros, ya sean Ciudadanos o el PSOE —los partidos reclamados por Rajoy—, difícilmente podrán explicar a los electores un pacto con el PP mientras se multiplican las evidencias de una colosal pérdida de recursos públicos en beneficio del enriquecimiento ilícito de unos cuantos. Con Rajoy, símbolo último de toda esa etapa funesta, esto se ha hecho sencillamente imposible.

El PP no es el único partido salpicado, pero sí el que acumula, con diferencia, más problemas de corrupción. Tiene que dedicar lo mejor de sus esfuerzos a la regeneración interna, si quiere seguir desempeñando un papel importante en el sistema político español. Y darse cuenta de que Rajoy se ha quedado a remolque de los acontecimientos tras cometer errores tan imperdonables como dar ánimos al extesorero de su partido, implicado en graves cuitas judiciales. En estas condiciones, el presidente en funciones no debe ni siquiera forzar los apoyos que le faltan para formar Gobierno.