Bankia: desautorización múltiple

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Bankia a devolver el dinero a dos pequeños inversores que suscribieron acciones en la salida a Bolsa de la entidad resulta crucial para la avalancha de demandas que se tramitan en tribunales inferiores, por un importe cercano a los 1.000 millones de euros (que todavía puede incrementarse tras conocerse la decisión de los jueces). Es difícil discernir hasta qué punto la valoración que se hace en la actualidad de la salida a Bolsa de Bankia tiene algo de sesgo retrospectivo. La segunda recesión se llevó por delante la solvencia de la entidad, que ya estaba cogida con alfileres, ya que ni siquiera con los miles de millones captados en la salida a Bolsa fue capaz de resistir los primeros embates de la recaída económica.

El fallo dificulta aún más la recuperación del dinero público inyectado en la entidad y está por ver si espolea a los inversores institucionales a sumarse a los miles de demandas de particulares. En cualquier caso, lo que no se cuestiona es la situación y la solvencia actual de la entidad, cuya gestión se rige por criterios profesionales.

A falta de conocer los argumentos del fallo, que aún no ha sido hecho público, el sentido de la sentencia supone en primer lugar una desautorización del equipo directivo que sacó la entidad a Bolsa, y cuyas eventuales responsabilidades penales están pendientes de dirimir. También es un golpe a las autoridades que supervisaron la salida a Bolsa de la entidad —Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)—, que dieron por buena una información que ahora los jueces cuestionan. También es un varapalo para el Ministerio de Economía, tanto el de la época de Elena Salgado, que se implicó directamente en la operación, como el de la etapa de Luis de Guindos, cuya gestión de esta crisis fue muy deficiente; probablemente encareció su coste para el erario público y contribuyó a que España tuviera que pedir el rescate financiero.