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Una propuesta para Cataluña

El inmovilismo acrecienta el secesionismo. El referéndum a la escocesa se ha celebrado, en parte, y cristaliza divisiones. La reforma constitucional federal es adecuada, pero tardía. Urge un pacto previo de blindaje catalán, en forma de disposición adicional rápida

Si la cuestión catalana es asunto clave para España entera —y ya todos reconocen que lo es—, urge reencauzarla. Para lo que sería de buen tino aprovechar este tiempo transitorio poniendo sobre la mesa nuevas ideas, o actualizar algunas olvidadas.

Porque de la receta aplicada hasta hoy por el Gobierno solo resulta cierta su inutilidad. El inmovilismo no sirvió siquiera como muro de contención. Al contrario, operó con frecuencia como acicate y fermento del secesionismo; desazón de la mayoría de ciudadanos catalanes (que no es independentista); y levadura de melancolía de todos los españoles liberales.

Amén de que su traducción en la última legislatura, el neocentralismo legislativo y administrativo, agravó esos problemas y contribuyó a desnaturalizar por fases el afán autonomista y descentralizador de la Constitución. Así, imposibilitó la reforma (federal) del Senado; impidió la eliminación de duplicidades (al mantener ministerios de competencias redundantes); y paralizó la modernización del Estado al compás del principio europeo de subsidiariedad, o ejercicio de las competencias en el nivel de proximidad que sea más eficiente (hacia abajo o hacia arriba).

La salida inversa, la celebración de un referéndum sobre la independencia, a la escocesa, tendría en abstracto más recorrido, y mediante una lectura amplia, encaje legal suficiente en el artículo 92 de la Constitución. Pero ha sido desprestigiada por algunos de sus propios partidarios.

Así, el formateo de la ilegalizada consulta informal del 9-N de 2014 como un verdadero referéndum (a cuya legitimidad, por demás, no cabía esperar para levantar “estructuras de Estado” previamente decididas); la presentación de las elecciones del 27-S de 2015 como un plebiscito; y la desleal interpretación de confundir una (abultada) minoría del 47,8% con una mayoría, contra toda aritmética, degradan la idea y no contribuyen hoy a legitimar políticamente la reivindicación de un referéndum estrictamente sobre la independencia, que sus promotores fraguaron para la secesión. En cierto modo, ya lo organizaron.

Además, y esto es lo fundamental, una votación de ese género consagraría la división de la sociedad catalana en bloques cerrados, quizá herméticos; provocaría un efecto de emulación en otros territorios; y plasmaría con escasa ventaja el gran riesgo, más aún en situación polarizada, de graves pérdidas en un patrimonio común —el Estado democrático y autonómico— acumulado también por los catalanes. Incluidos en primera fila los nacionalistas (CiU, pero no solo ella), coautores de al menos el 75% o el 80% del acervo legislativo español, en mayor porcentaje, pues, que conservadores y socialistas.

De modo que sin rechazar de plano su eventualidad potencial, hay que buscar una salida mejor. A largo plazo lo es, con poca duda, la reforma constitucional federal que en primer lugar propusieron los socialistas (Hacia una estructura federal del Estado, Granada, 6/6/2013). Pero dado el extenso plazo necesario para su tramitación —de al menos dos años— no llegaría a tiempo. Ni de evitar el desangre de energías catalanas, que gripa al conjunto. Ni de acudir proactivamente al encuentro de los nuevos jóvenes, que en peso se pasan al secesionismo ante el carácter difuso, incierto o dubitativo de las alternativas. Además, la dificultad de alcanzar un consenso amplio en plazo operativo se agudiza en un paisaje político que cambia a velocidad de vértigo. Y la conveniencia de aligerar esta operación de la alta fiebre territorial actual parece evidente.

El largo plazo de la reforma desangra energías e invita a los jóvenes, en masa, a pasar a ‘indepes’

Por eso, conviene acelerar. Y poner encima de la mesa la idea de un pacto (previo a la reforma constitucional) que sea sometido a votación. Votar un acuerdo es siempre mejor que certificar un desacuerdo. Perseguiría actualizar el acuerdo territorial de 1978, hoy deshilachado, en un proceso muy ágil, más reconstituyente que constituyente. ¿Cómo? Mediante la fijación de estrictas garantías de respeto a “las competencias estratégicas tales como las económico-financieras, educativas, lingüísticas y culturales” —como formuló quien luego se dirá— incorporando una capacidad expansiva de alcance y ambición justamente a acordar.

Este acuerdo debería plasmar el reencuentro entre el (próximo) Gobierno de España y el de la Generalitat, o en su defecto, de los partidos dispuestos a ello, o de la sociedad catalana. Porque su misión central no es solo ni primordialmente engarzar con los secesionistas inamovibles, sino con los instrumentales o tácticos (que reclaman lo imposible como vía para lograr, al menos, algo), y con la ingente masa de indignados por la tuerca recentralizadora.

Así que la objeción de que un pacto de este tipo no satisfaría a los indepes, o solo por un tiempo, es conspicua, pero débil, pues no son sus primeros destinatarios. Y también porque si dura veinte años, albricias. Y porque pactar realidades no exige prohibir sueños. Y porque casi nadie previó hace unos años la evolución de los secesionistas vascos, flamencos o quebequeses hacia su pragmatismo actual.

La mejor fórmula técnica disponible de cristalizar ese pacto es obra de un padre de la Constitución conservador, Miguel Herrero de Miñón. Primero la esbozó en su Cádiz a contrapelo (Galaxia Gutenberg, 2013), y luego la detalló en Para el reconocimiento constitucional de Cataluña, su espléndido discurso ante el Círculo de Economía (9/4/2014), endosado, entre otros, por Unió Democràtica, que no por perder es huérfana en esto de acierto.

La fórmula de Herrero es flexible, rápida, votable, y abriría camino al proceso reconstituyente federal

Consiste en lo que él denomina “blindaje” de las competencias (enumeradas más arriba) mediante una “mutación constitucional” por vía de pacto político entre partidos e instituciones, en la senda de la relectura de la Carta Magna propugnada por Enric Argullol (Desenvolupar l'autogovern, Empúries, 2000). O bien, lo que resultaría más sólido y creíble, mediante la aprobación de una disposición adicional a la Constitución: de nueva redacción o mediante la ampliación a Cataluña de la actual adicional primera (Euskadi y Navarra).

Las virtudes de esta fórmula son grandes. Es flexible en cuanto a su contenido (de mínimos, máximos o intermedios). Es rápida porque se vehicula a través de la reforma constitucional exprés (la del artículo 167), la misma empleada para la reforma del artículo 135 (estabilidad presupuestaria).

Por esa vía, o por la de un pacto político redirigible a una revisión estatutaria se puede encauzar el problema. Y reducir la tensión, requisito imprescindible para una posterior reforma constitucional federal a fondo, que resultaría políticamente inviable sin el concurso activo de los catalanes.

Y ahí ya operaría un marco general más favorable para todos, el diseño de Granada, tan injustamente olvidado en su detalle (incluso por algunos de sus autores del PSOE): reconocer y constitucionalizar los hechos diferenciales, convertir al Senado en cámara territorial (a la alemana), reformar y simplificar las competencias centrales y autonómicas, federalizar la Justicia e incorporar el esquema de la financiación autonómica a la Carta Magna.

Todo esto exige cesiones mutuas, sí. Pero ¿por qué las rupturas serían mejor opción que las renuncias?

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