Las japonesas reciben una de cal y una de arena

Japón es uno de los países más desarrollados del mundo pero su sociedad sigue regida por unos patrones de comportamiento muy tradicionales, especialmente en lo referente a la familia. Y algunas de sus leyes contribuyen a ello. La justicia ha decidido sobre dos controvertidas normas: una que prohibía a cualquier mujer que se divorciara casarse de nuevo hasta que transcurrieran seis meses después de su separación oficial, y otra que obligaba a las parejas recién pasadas por la vicaría a decidir con qué apellido se quedaban, si el del marido o el de la mujer.

Ambas leyes forman parte del Código Civil y fueron aprobadas hace más de un siglo, en 1898. La primera servía para determinar la paternidad de los hijos nacidos justo después del divorcio, la segunda se implementó para reforzar el concepto de “familia unida”. Pero en pleno siglo XXI, con tecnologías como las pruebas de ADN que pueden dirimir estas dudas y el avance de los derechos fundamentales de las mujeres, muchos pedían derogar estas dos normativas consideradas anacrónicas.

A raíz de la denuncia de una japonesa que se había divorciado de su marido tras haber sufrido malos tratos y que tuvo que esperar seis meses para poder contraer matrimonio con su nueva pareja, el Tribunal Supremo consideró que la prohibición supone una “restricción excesiva” a la libertad de las mujeres para casarse y declaró la normativa inconstitucional. Sin embargo, no quiso tocar la otra ley, que según sus oponentes fomenta la discriminación por género. “El apellido único para la familia es un sistema muy arraigado en nuestra sociedad y permite a la gente identificarse como parte de ella ante los ojos ajenos”, dice el tribunal. La realidad, según datos del periódico Japan Times, es que en las últimas cuatro décadas más del 96% de las parejas han optado por el apellido del marido.

En 1996 la iniciativa de un cambio topó con la oposición de los partidos conservadores. Tampoco hay consenso ciudadano: una encuesta reciente sitúa en el 46% los partidarios de cambiar la ley frente a un 50% que prefiere mantenerla.