Entre la vergüenza y el orgullo

Las peticiones solidarias obligaron en 1975 a la ONU a fijar el objetivo del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En las décadas siguientes esas peticiones se convirtieron en moda. Muchas personas estuvieron en algún campo de trabajo, escuela de verano o denunciando violaciones de derechos humanos.

Pero fue eso, una moda y algunas buenas intenciones que duraron lo que la burbuja inmobiliaria en España, hasta 2009, punto álgido de la AOD con un máximo del 0,49% del PIB. Entonces fue cuando llegué a Ecuador por primera vez para hacer un voluntariado de tres meses, en un momento dulce para trabajar en este país: existencia de fondos de cooperación, una nueva Constitución, amplias garantías para la defensa de los derechos humanos y gran voluntad de trabajo coordinado entre los actores presentes en el Sur.

Las ONG de desarrollo traíamos carrerilla y frenar nuestro trabajo por (según el gobierno) un pequeño “bache” económico, no tenía sentido.

En 2011, regresé a Ecuador para seis meses. Ese bache ya se notaba, algunas ONGD se habían retirado y quedábamos las que teníamos la suerte de estar ejecutando algún programa plurianual. Y aún valientes por los fondos existentes y porque nuestros planes estratégicos y los planes directores de cooperación así lo decían, alentábamos a la población a denunciar, incluso internacionalmente, toda violación de derechos humanos.

Mientras, en España, los gobiernos de turno abogaron por la nueva moda populista de “primero los de casa”. Eso les permitió pasar de puntillas por un escenario macabro de despidos, suspensiones de pago y jugar con la buena voluntad de trabajadoras y voluntarias.

Finalmente en 2012 regresé nuevamente a Ecuador, en medio de un gran socavón en la cooperación. Desde entonces, he vivido desde el Sur el constante desplome de la AOD, notando en primera línea cómo ONGD españolas y, sobre todo, ecuatorianas, sufrían el retroceso de la AOD hasta solamente el 0,17% del PIB.

Porque la situación ha sido mucho peor aquí. No solamente hubo suspensiones de pago y despidos, el verdadero problema ha sido que los procesos de denuncia y transformación social se han quedado interrumpidos y, muchos, han terminado muriendo.

¿Cómo le explico al señor Caba que, lamentablemente, no podemos litigar más en su caso de remediación de los pasivos ambientales olvidados por TEXACO y otras tantas operadoras, que mejor deje su finca, sus cultivos y sus gallinas antes de que contraiga alguna enfermedad? El señor lleva años de juicio reclamando aquello que es justo y que desde los países del Norte, en forma de cooperación no reembolsable y planes directores, le hemos animado a denunciar.

¿Cómo les digo a las campesinas de Atahualpa que desde la comunidad pueden emprender alternativas económicas al extractivismo, si en el primer intento los impagos nos dejaron a medio camino? La comunidad se opuso a la extracción, alegando falta de consulta previa y recibiendo apoyo y asesoramiento de varias organizaciones. Iniciamos un proceso alternativo basado en energías limpias y en la capacitación y manejo de la agricultura ecológica, pero el proceso se estancó y se nos quedaron los tomates por cosechar.

No me queda otra opción que decirles la verdad: “lo siento mucho, pero nuestro Estado ha decidido olvidarse de la cooperación y regresar a la limosna”

¿O cómo expongo a las futuras usuarias del sistema de agua potable de Cacique Jumandy, con quienes empezamos un proceso de capacitación para la autogestión juntamente con un proceso de incidencia en las desigualdades de género, que todo terminó aquí? Porque para la administración pública española, el derecho humano al agua en los países del Sur se terminó cuando el buen vino empezó a resultar caro para el poder adquisitivo de los españoles.

No me queda otra opción que, con la mayor de las vergüenzas, decirles la verdad: “lo siento mucho, pero nuestro Estado ha decidido olvidarse de la cooperación y regresar a la limosna”.

Pero desde pequeños proyectos, nuestra organización sigue trabajando, de forma coordinada con instituciones locales, para garantizar el derecho humano al agua, centrando nuestro trabajo en la soberanía de las comunidades y la autogestión del recurso a través de las Juntas de Agua. No construimos infraestructura, sino que estamos implementando un plan de fortalecimiento de siete de estas Juntas, dotándolas de capacidades para su autogestión y favoreciendo la inclusión de la mujer en los órganos de decisión de dichas organizaciones.

También destacar que, si bien la falta de recursos nos ha impedido seguir contando con asesores legales, colaboramos en la implementación y acreditación de un laboratorio público de análisis de contaminación ambiental. A través de este proyecto se da apoyo y asesoramiento técnico a más de cincuenta casos anuales de contaminación por hidrocarburos en fincas y comunidades campesinas, favoreciendo el proceso de denuncia ambiental.

Por suerte, entre todo este mar de lágrimas, aún existen algunas ONGD, seguramente menos grandes y más precarias que las que aparecen en televisión, que seguimos trabajando por la defensa de los derechos humanos en el Sur.

Albert Pérez Matamala es técnico de proyectos en Ingeniería Sin Fronteras.