Firmeza y política ante la insurgencia

La declaración de ruptura con la España constitucional de Junts pel Sí y la CUP, que obtuvieron menos del 48% del voto en Cataluña, es un acto ilegal e ilegítimo que requiere una respuesta firme del Gobierno y las fuerzas políticas y la utilización de todos los instrumentos del Estado —legales, jurídicos, políticos e institucionales— para defender la democracia y la legalidad.

Pero una actuación defensiva, imprescindible, no es suficiente. Es necesario acompañarla de un plan, de un proyecto que permita responder al grave momento por el que atraviesa el país, momento del que Cataluña es un síntoma, extremo, alarmante, pero uno más de lo que claramente es un fin de ciclo histórico. Hemos clamado muchas veces en estas páginas por reformas y medidas políticas que hubieran podido evitar que se llegara a donde hoy nos encontramos. No las hemos pedido ni las seguimos pidiendo por contentar a los insurrectos o tratar de calmar infantilmente las aguas. Reclamamos acciones políticas porque son la mejor garantía de poder salir de la crisis actual con ciertas perspectivas de estabilidad futura.

Paradójicamente, el clima preelectoral que hoy domina España no es el más adecuado para requerir del Gobierno y de los partidos políticos un ambicioso y profundo proyecto de país. Precisamente por eso hubiera sido adecuado adelantar las elecciones generales y separar lo más posible la campaña de la crisis catalana. Pero el Gobierno —quién sabe con qué cálculo— prefirió no hacerlo así y ahora nos encontramos ante una campaña intoxicada y condicionada por la rebelión independentista.

Nuestra voluntad de que el Gobierno sea aún capaz de ofrecer un futuro para Cataluña no está, por supuesto, reñida con nuestro apoyo al uso enérgico de la ley. El presidente, Mariano Rajoy, respondió rápidamente al envite independentista con una declaración firme y preparada en la que detalló cuáles serán los próximos pasos del ejecutivo para hacer cumplir la Constitución.

Mas se define como un activo de la independencia y es el mayor pasivo de una Cataluña próspera

La firmeza de Rajoy, que contrasta con la falta de respuesta durante años ante el desafío secesionista, es una buena noticia, como también lo es la unidad lograda con algunos de los principales partidos (PSOE, Ciudadanos y UPyD, entre otros), para defender la legalidad constitucional.

La medidas explicadas por el presidente parecen razonables y ajustadas a la ley. También es positivo que se quiera evitar a toda costa la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero los partidos constitucionalistas no pueden escudarse en la campaña electoral del 20-D para no luchar unidos contra la insurgencia en Cataluña y tomar decisiones, por muy difíciles que sean, cuando la situación lo requiera. Medidas legales y jurídicas, pero también soluciones políticas que requieren reformas de calado que modifiquen el marco de convivencia de nuestro país.

Las 12 horas y 13 minutos del 9 de noviembre se recordará como el momento en el que la representación de la mitad de los catalanes quiso dar un golpe a un Estado bajo cuyas leyes Cataluña ha logrado los mayores niveles de prosperidad y autogobierno de su historia. El ambiente en el Parlament respiraba aromas radicales, sin que el Gobierno de la Generalitat en funciones, con Artur Más a la cabeza, mostrara excesivo entusiasmo. Varios consellers no se prodigaron en los aplausos y todos parecían mostrar preocupación ante el nuevo paso dado con el abrazo programático a una CUP que ni siquiera va a aplicar la reciprocidad para votar la investidura de Mas. La desunión en las filas de Convergència se va escenificando día a día a medida que los diputados avanzan hacia el abismo con la sensación de estar secuestrados por ese pacto.

Artur Mas se declaraba “el mayor activo del independentismo” en su penúltimo intento de conseguir la investidura, sin darse cuenta de que se ha convertido en el mayor pasivo para una Cataluña próspera. Además de ser consciente de la ilegalidad de sus actos, él sabe que un país solo puede ser independiente si hay alguien dispuesto a reconocerlo, y hay unanimidad internacional en su contra.

La campaña electoral no debe impedir la acción de los constitucionalistas contra la secesión

En la calle, apenas 200 personas ondeaban las esteladas, un gesto mínimo comparado con el poder de convocatoria exhibido por el nacionalismo. Es como si los catalanes, en lugar de celebrar, empezaran a darse cuenta del laberinto al que les han llevado unos líderes que siguen huyendo hacia adelante incumpliendo las leyes de España y de Cataluña sin importarles más que salvar la cara.

Es la hora de utilizar todos los instrumentos del Estado para atajar este intento de ruptura. Instrumentos legales, jurídicos, políticos y también institucionales. Este país afronta su peor crisis tras el 23-F y no hay que olvidar que la Constitución de 1978 establece, entre las limitadas funciones del rey Felipe VI como Jefe del Estado, la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador en la política.