Por unanimidad

Como la prudencia aconsejaba, el Tribunal Constitucional (TC) no pone dificultades a que se celebre la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña sobre la ruptura con la legalidad planteada por los grupos de Junts pel Sí y de la CUP. Era muy delicado limitar la libertad de los diputados para discutir y votar sobre un asunto político, aunque se trate de un propósito tan abiertamente inconstitucional como una declaración separatista. Suspender un acto parlamentario a priori habría ido en contra de la propia doctrina del Constitucional, sin perjuicio de que se adopte esa decisión a posteriori si llega a producirse, en respuesta al recurso ya anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Es indudable que la suma parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP no les da legitimidad ni derecho a saltar por encima de la voluntad de la mayoría de los catalanes, obligando al Parlament a endosar la idea de que ni esta Cámara ni el proceso de desconexión democrática están supeditados a las instituciones del Estado español; que el futuro Govern ha de cumplir “exclusivamente” las normas y mandatos emanados de la Cámara catalana, y que en el plazo de un mes empezará la redacción de una legalidad diferente de la española y construida a la medida de los independentistas.

De este modo pretenden dar el salto cualitativo de enfrentar la legitimidad del Parlamento de Cataluña con la de las instancias representativas del conjunto de los españoles, buscando un cuerpo a cuerpo que solo desea una parte —y no mayoritaria— de los catalanes. Pero el Constitucional hace bien en no aceptar las medidas cautelares solicitadas para impedir la discusión y voto de la declaración de independencia.

Los miembros del alto tribunal están demostrando inteligencia al hilar tan fino, haciendo patente que la democracia se ejerce hasta las últimas consecuencias. No menos elogiable es la habilidad de tomar sus decisiones sobre el conflicto independentista por unanimidad, lo cual refuerza la solidez de sus actuaciones y le sitúa como pieza clave del futuro inmediato.

El TC ya demostró esa misma voluntad positiva en marzo de 2014 cuando, al tiempo que declaraba contraria a la Constitución una resolución anterior del Parlamento de Cataluña —por la que pretendía conferir al pueblo catalán la condición de “sujeto político y jurídico soberano”—, diseñó una vía de salida al conflicto planteado. Sin reconocer otra soberanía que la del pueblo español en su conjunto, el alto tribunal descartó que la Constitución sea un muro impenetrable y la presentó como un cauce para que se exprese la voluntad popular. Y dijo más: las referencias al “derecho a decidir” contenidas en esa misma resolución son “una aspiración política” a la que puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. En otras palabras, hay salida: pero no con golpes al Estado como los pretendidos por los independentistas.

Hay que sostener esa misma línea de actuación frente a un desafío tan primario como el lanzado desde la candidatura de Artur Mas y la de la formación radical CUP, a la que aquel pretende ofrecerle la votación del lunes en prenda de una investidura que se resiste al presidente en funciones de la Generalitat.