Mas, tocado

Con la detención del tesorero de Convergència Democràtica, Andreu Viloca, del director general de Infraestructures.cat, la empresa pública que gestiona las obras de la Generalitat, y de siete directivos de empresas concesionarias, la investigación por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras y servicios públicos da un salto cualitativo del que difícilmente Artur Mas podrá salir indemne. Por mucho que insista en que no tiene conocimiento de ninguna irregularidad y trate de desacreditar la investigación, las adjudicaciones sospechosas que ahora investiga el juez le alcanzan plenamente: se produjeron siendo él presidente de la Generalitat.

Es inaceptable que el presidente de la Generalitat se atreva a poner en duda una actuación judicial sin tacha afirmando que obedece a motivos políticos y recurra a insinuaciones (“mi partido y yo somos piezas de caza mayor”). La corrupción ha alcanzado en este país torres muy altas, y Cataluña no está libre de esa lacra, como ya es sabido. Mas trata de zafarse del escándalo parapetándose en teorías conspirativas contra él y contra Cataluña que, además de infundadas, resultan pueriles. Hay que recordar que esta investigación se inició hace dos años en Torredembarra por la denuncia de una edil de Esquerra Republicana, y que está dirigida por el juez y la fiscal predeterminados, es decir, los titulares del juzgado al que corresponde el caso.

El problema de Mas es que al tirar del hilo del pago por parte de la empresa Teyco de 1,43 millones de euros al alcalde convergente de esa localidad, el juez ha encontrado indicios del cobro de comisiones por obras y servicios adjudicados en otras poblaciones gobernadas por CiU, y ahora también por la propia Generalitat.

De estas investigaciones se desprende la existencia de una extensa trama de financiación ilegal del partido a través de sus dos fundaciones, CatDem y Barcelona Fòrum. Entre los detenidos ayer se encuentran el director general de Infraestructures.cat, que en 2013 acumulaba una cartera de obra pública por valor de 3.273 millones; el propietario del Grupo Soler y el consejero delegado de Copisa, imputado por pagar 3,6 millones en comisiones al hijo mayor de Jordi Pujol. Estas empresas figuran entre las mayores constructoras de Cataluña y entre las principales donantes de Convergència. El modus operandi no es diferente del caso Palau, pendiente de juicio oral, en el que está imputado el anterior tesorero del partido, Daniel Osàcar, por el cobro de más de seis millones de euros en comisiones ilegales.

Visiblemente incómodo, Mas se mostró ayer dispuesto a acudir al Parlament. No será suficiente. Por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Cataluña habrían dimitido ya. La cuestión es si puede ser investido presidente de la Generalitat un político que lleva semejante mochila a sus espaldas. Y la pregunta recae de lleno sobre la CUP, que es la que tiene la llave de la investidura. El partido anticapitalista, que presidió la comisión de investigación del caso Pujol y destapó el caso Innova de Reus, tiene que decidir, a la luz de estos nuevos datos, si es coherente con su proclamada trayectoria.