Seropositivos en Indonesia: criminalizados y marginados

Las sandalias de Maya aguardan junto a un par de zapatos masculinos a los pies de la escalera del salón de masajes; que no es tal. Las callejuelas se inundan de clientes aquejados de dolores lumbares; que no son tales. En el barrio rojo de Yakarta todo es evidente y nada se manifiesta como lo que es. Más de 1.000 prostitutas, muchas infectadas de VIH, malviven y trabajan en los angostos recodos del centro de la capital de Indonesia. “Yo no sabía nada de ‘esto’ antes. Usaba condones dependiendo de las preferencias de los clientes”, dice Maya sin contar. “Muchos imam [líderes religiosos musulmanes] buscan nuestros servicios, para luego criticarnos durante los sermones en las mezquitas”, apunta esta seropositiva de 42 años calzándose; sus sandalias y su dosis diaria de hipocresía.

Mientras el resto del planeta celebra la reducción de la epidemia del SIDA, Indonesia es el único país del sudeste asiático en el que los niveles de contagio no han disminuido. El cuarto país más poblado del mundo ha sufrido el avance incontrolado del virus en la última década; afectando a casi 700.000 personas; sobre todo prostitutas, drogadictos y miembros de la comunidad LGBTI (gay, lesbiana, bixesual, transexual e intersexual). “Datos recientes sugieren que el crecimiento de la epidemia puede estar ralentizándose. Indicios esperanzadores, aunque es pronto para confirmarlos”, puntualiza David Bridger, asesor político de la Agencia de Naciones Unidas para el SIDA (UNAIDS) en Indonesia. Pese a las previsiones, el actual impacto del virus en el archipiélago asiático es devastador. En Papúa Occidental, por ejemplo, se han detectado 5.000 infecciones de SIDA.

En Papúa y las islas menos desarrolladas del este de Indonesia, la incidencia del virus está condicionada a las pobres infraestructuras y al difícil acceso a servicios básicos. Pero en el caso de las provincias más prósperas, los esfuerzos por reducir la expansión del SIDA se ven mermados por las políticas locales y los prejuicios religiosos del país con mayor población musulmana del mundo. “Gobiernos locales establecen medidas para cerrar lokalisasis [distritos de prostitución]. Esto contradice las políticas nacionales de sanidad pública para la prevención de la transmisión sexual del VIH, basadas en reforzar el acceso de las prostitutas a servicios de salud”, explica el propio Bridger en referencia al cierre del mayor barrio-burdel del sudeste asiático.

Hace un año, las autoridades de Surabaya organizaron una redada en el barrio de Dolly. El cierre del conocido burdel, que concentraba más de 3.000 prostitutas, supuso el desplazamiento interno de muchas infectadas de SIDA y la proliferación de un problema que antes estaba controlado. “La medida se produjo por los recortes en las ayudas y ha propagado el problema a lo largo y ancho de la ciudad. Antes era más fácil dar servicio a los enfermos y ahora no sabemos donde trabajan”, explica Rudhy Wedhasmara, director de ORBIT (Our Rights to Be Independent). Su centenar de trabajadores sociales atiende a muchos de los 20.000 seropositivos y drogadictos de Surabaya, la segunda ciudad más poblada de Indonesia. Rudhy, abogado de minorías desfavorecidas, también responsabiliza al islamismo radical de la discriminación de los colectivos en riesgo de contraer el virus. Grupos religiosos locales han llegado a boicotear lel encuentro Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales e Intersexuales (ILGA), en el que se pretendía coordinar medidas para combatir la expansión del SIDA.

“Muchos reglamentos locales tienen una clara intención moralista, en vez de la orientación de salud pública que se les suponen. Por ejemplo, el ayuntamiento de Bengkulu [en Sumatra] prohibió la venta de preservativos a parejas que no certificasen su matrimonio”, explica Anindita Gabriella, miembro del Centro de Investigación de VIH/SIDA de la Universidad de Atmajaya de Yakarta. Hace pocos meses, este centro se hizo eco de una investigación publicada en la revista médica The Lancet, en la que científicos se mostraban preocupados por la “criminalización [de los grupos en riesgo] y los métodos punitivos de aplicación de la ley [que] espolean la epidemia del VIH”. Los expertos llamaban “al Gobierno de Indonesia a reducir estrategias sancionadoras que son contraproducentes para controlar la epidemia”. Las críticas del centro de investigación indonesio van más allá y mencionan medidas contradictorias que imposibilitan el acceso a métodos para prevenir contagios. Por un lado, el reglamento relativo al VIH promueve la distribución de condones para reducir su transmisión. Mientras que otros estatutos consideran la existencia de profilácticos como evidencias para el cierre de salones de masaje, bares y demás destinos sexuales.

Los drogadictos enfermos de SIDA también sufren las políticas discriminatorias. “El número de heroinómanos en busca de agujas esterilizadas ha pasado de 1.800 a menos de la mitad en sólo cuatro meses, desde que el gobierno organizase redadas en el centro de Yakarta. Pueden estar escondidos. O quizás se hayan pasado a la metadona. Pero ese cambio debe ser voluntario y no por la presión policial”, explica Sabam Maruli, de 42 años. El coordinador de la organización local Karisma, encargada de asistir a seropositivos en las áreas más conflictivas de Yakarta, también cuenta que muchos enfermos han sido rechazados en centros de salud de la capital.

Zunita Mutalib, de 52 años y médico responsable de los tratamientos con antirretrovirales (ATR) en la clínica del distrito de Senen, en Yakarta, explica el papel del fanatismo: “El gobierno intenta cambiar la situación pero las infecciones aumentan por la presión religiosa. Antes teníamos condones en todas las unidades de este Puskesmas [ambulatorio en el idioma local bahasa], pero las quejas de la comunidad musulmana redujeron su distribución a servicios especiales como el mío”. La unidad de la doctora Zunita ofrece tratamiento diario a 120 pacientes, seropositivos y drogadictos, y ella tiene claras las medidas necesarias para reducir la epidemia: “Los condones y las nuevas jeringuillas previenen la expansión del VIH, aunque la Unidad Nacional de Narcóticos esté en contra de la distribución de agujas esterilizadas. La religión en este país frena nuestros esfuerzos contra el SIDA”, concluye mientras se ajusta el hiyab (velo que cubre cabeza y torso de las mujeres musulmanas en Indonesia).

El limitado acceso a jeringuillas esterilizadas para drogadictos es factor directo en el aumento de las infecciones. Tauguh Hastanto, de 32 años, empezó a inyectarse heroína a los 14 y recibe tratamiento antirretroviral desde que contrajese la enfermedad hace cinco años. “Empecé a compartir agujas cuando estuve en la cárcel. Allí la situación es muy hipócrita porque es fácil conseguir heroína pero los guardias castigan a los presos que piden jeringuillas nuevas. Las autoridades no quieren admitir que existe tráfico dentro de prisión…”, cuenta quien pasó varios periodos entre rejas. Tauguh lleva más 2 años limpio pero desempleado porque muchos jefes obligan a los trabajadores a hacer público su estatus, despidiendo a los seropositivos.

Proteger la privacidad de los enfermos

Consciente de la discriminación que sufren los colectivos en riesgo, la Coalición Indonesia contra el SIDA (IAC) creó una aplicación móvil gratuita para facilitar el acceso a unidades de prevención y tratamiento del SIDA, al tiempo que preserva la identidad de los usuarios. Basta con seleccionar el área en la que el paciente se encuentra para que el servicio informe de las clínicas cercanas en las que se ofrecen test de VIH y asistencia relacionada. La aplicación fue diseñada por el director de la organización, y también seropositivo, Aditya Wardhana en 2013, y ya cuenta con más de 7.000 usuarios e información de 3.000 clínicas con actualizaciones contínuas del Ministerio de Salud en una web. “Indonesia está muy por debajo del resto de países de la región en cuanto a políticas de prevención. Existe un decreto nacional que prohíbe la cobertura sanitaria completa de drogadictos y enfermos de SIDA aunque una ley del Ministerio de Salud estipule lo contrario”, explica Arie Rahadi, consejero de investigación de la coalición. No sólo las leyes del gobierno son contradictorias, sino también sus informaciones. El pasado febrero, la Asociación de Planificación Familiar de Indonesia (PKBI, en sus siglas locales) tuvo que desmentir públicamente al Ministro de Industria, quien dijo que el VIH se contagiaba a través de la ropa.

Desinformación y discriminación condenan a los enfermos de SIDA al ostracismo. “La comunidad musulmana expulsó a mi familia de nuestro barrio cuando conocieron mi estado. Ahora mis padres ni me hablan”, cuenta Akke Sartika, de 33 años. Hace mucho que Akke dejó de compartir jeringuillas y cama con diferentes personas para costearse las dosis. Pero el estigma del VIH le ha perseguido en los cinco últimos empleos de los que fue despedida por su enfermedad. Ahora trabaja para una organización que ayuda a otros seropositivos a salir de la marginación: “Antes no sabía que era ilegal despedir por esos motivos. Pero es mejor trabajar aquí. Entre los míos. Este es nuestro último refugio”.