Por una cultura académica distinta: propuestas contra el plagio

En las últimas semanas dos casos de plagio académico han afectado de manera notable a la comunidad académica mexicana. A pesar de no disponer de cifras exactas sobre su extensión, hay suficiente evidencia de que el plagio constituye un problema bastante extendido en nuestro medio. El fortalecimiento intelectual, institucional y ético de dicha comunidad es el único camino para erradicar de su seno prácticas que la afectan de diversas formas y cuya tolerancia amenaza los valores fundamentales que la sostienen. En el centro de dichas prácticas se encuentra el plagio académico. En su ejercicio se mezclan, en primer lugar, la deshonestidad y la pereza de algunos, pero también la displicencia de otros, así como la ausencia de un marco regulatorio. En México, esta falta de regulación y de las sanciones correspondientes no hace más que contribuir a la difusión del plagio; asimismo, estas insuficiencias inciden sobre una serie de prácticas que de algún modo lo alimentan y le permiten desarrollarse.

La detección de varios casos notorios de plagio en las universidades mexicanas durante los últimos años nos parece reveladora de la crisis del sistema educativo que vive el país en todos sus niveles y de la producción del saber en particular. La apropiación indebida del trabajo de otros y de las ideas ajenas atenta contra la esencia y el sentido de la vida académica. El plagio académico está asociado con la ausencia de medidas que lo castiguen, sin duda, pero también con mecanismos de producción del saber que tendrían que refundarse, de manera que incidan directamente sobre un ambiente de tolerancia que contribuye a convertir al plagio en un problema aún más profundo, más extendido y más difícil de detectar. Esta situación debe terminar a la brevedad posible. La detección y sanción del plagio académico en nuestras instituciones docentes y de investigación son aspectos muy significativos, no solo para la formación integral de las nuevas generaciones, sino también para aumentar el nivel de nuestra vida académica y, en esa medida, para el futuro de nuestro país.

Reconociendo los pasos firmes que algunas instituciones universitarias han dado recientemente en la lucha contra el plagio académico, con el objeto de propiciar un debate serio sobre el tema en la comunidad académica, así como contribuir a erradicarlo de nuestro medio, quienes suscribimos este documento hemos elaborado las siguientes propuestas:

I. Que las instituciones de educación superior e investigación suscriban un Acuerdo Nacional para el establecimiento de una política de tolerancia cero frente al plagio académico. Esta política debe incluir un compromiso a corto plazo por parte de todas las instituciones participantes en el Acuerdo para adecuar su normativa interna a fin de establecer instancias y procedimientos disciplinarios para la detección y, en su caso, sanción a los estudiantes de todos los niveles y a los profesores e investigadores que incurran en esta práctica. Parte de esta política debe incluir la definición de lo que significa “plagio académico” y, por tanto, de los parámetros para su detección y, en su caso, sanción. Los parámetros que surjan deberán ser ampliamente difundidos entre la comunidad académica en su conjunto, incluyendo profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado. Asimismo, deben contribuir de forma directa en la redacción y promulgación de códigos generales de ética académica en todas y cada una de las instituciones de educación superior del país y centros de investigación.

II. Que la SEP, el CONACYT y la ANUIES apoyen mediante la adecuación de su reglamentación y a través de programas institucionales los esfuerzos de las instituciones de educación superior y de investigación para combatir enérgicamente el plagio y otras conductas éticamente inaceptables que están relacionadas con él.

III. Que las sanciones que se apliquen en los casos de plagio comprobado por las instancias institucionales encargadas de su investigación reflejen inequívocamente su inaceptabilidad ética, intelectual e institucional.

IV. Que el CONACYT apoye técnica y financieramente a los comités académicos de los posgrados inscritos en el padrón nacional, así como a los comités editoriales (incluidos los de las revistas arbitradas) de las instituciones de investigación registradas ante el mismo Consejo, para la adquisición y puesta en uso de software lo más sofisticado posible para la detección del plagio.

V. Que las instituciones de educación superior e investigación impulsen los mecanismos para poner en línea toda su producción editorial y todas las tesis de sus egresados.

VI. Que los CV de todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incluyendo los de las comisiones dictaminadoras y revisoras, sean públicos y estén disponibles en un sitio específico del CONACYT. Asimismo, que todos los ascensos que sean promovidos o ratificados, así como los descensos de categoría, aparezcan en ese mismo sitio, con los nombres de los miembros de cada una de las comisiones respectivas.

VII. Que tanto el CONACYT como las instituciones de educación superior e investigación valoren como es debido el trabajo de dictamen o arbitraje científico de publicaciones.

VIII. Que las instituciones que formen parte del Acuerdo aquí propuesto diseñen mecanismos eficaces de información a toda la comunidad académica sobre los casos confirmados de plagio.

Por último, parece innegable que la tendencia generalizada a incrementar la cantidad de productos, el número de alumnos por programa, el número de tesis dirigidas y la eficiencia terminal (todas ellas tendencias que el CONACYT fomenta en su sistema de evaluación actual) ha terminado por jugar en contra de la calidad académica. A este respecto, proponemos que en un plazo razonable algunas de las instituciones de investigación más importantes del país, junto con el propio CONACYT, la SEP y la ANUIES, convoquen a una serie de reuniones de trabajo en la que participen los académicos mexicanos interesados, así como expertos internacionales, con el fin de diseñar políticas que, sin desechar todo lo que se ha avanzado al respecto en los últimos años y sin perder de vista la viabilidad, pongan sobre la mesa maneras distintas, novedosas, de evaluar el trabajo académico en nuestras universidades y centros de investigación.

Elisa Cárdenas, Universidad de Guadalajara; Daniela Gleizer, UAM-C; Benjamín Arditi, UNAM; José Antonio Aguilar, CIDE; Marco Antonio Landavazo, Univ. Michoacana; Roberto Breña, COLMEX; Ariadna Acevedo, CINVESTAV; Gabriel Negretto, CIDE; Antonio Azuela, UNAM; Catherine Andrews, CIDE; Tomás Pérez Vejo, ENAH; Iván Escamilla, UNAM; Soledad Loaeza, COLMEXFausta Gantús, Instituto Mora; Alfredo Ávila, UNAM; Rafael Rojas, CIDE; Eugenia Roldán, CINVESTAV; Ignacio Almada Bay, El Colegio de Sonora; Jesús Rodríguez Zepeda, UAM-I; Juan Ortiz Escamilla, Universidad Veracruzana; Érika Pani, COLMEX; Gilles Serra, CIDE