Concierto ciudadano

El líder de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, se ha reafirmado estos días en su propuesta de eliminar el sistema singular de financiación de los territorios forales: el Convenio de Navarra y los Conciertos de las provincias vascas. Ya lo había dicho hace algunas semanas, suscitando el rechazo de todos los partidos de esos territorios, con independencia de su orientación ideológica o nacional. Los sondeos realizados en el País Vasco, donde el domingo se eligen los respectivos Parlamentos provinciales, y en Navarra, que elige la Cámara foral, han registrado ese rechazo, en perjuicio de C’s; pero el tema apenas ha provocado debates sobre la financiación autonómica en su conjunto pese a ser un asunto central en el desencadenamiento de la crisis rupturista catalana, que sigue siendo el más grave problema político pendiente.

El sistema de Conciertos-Convenios consiste en esencia en que las instituciones concernidas recaudan todos los impuestos y pagan al Estado una cantidad global, el cupo, como aportación anual a los gastos del Estado relativos a competencias no transferidas a esas comunidades. Este mecanismo de autonomía financiera forma parte de los llamados en la Constitución “derechos históricos” de los territorios forales. Pese a su carácter anacrónico en varios sentidos, la Constitución los reconoció por una razón de oportunidad política: Franco los había suprimido en Bizkaia y Gipuzkoa pero mantenido en Álava y Navarra: la democracia, se dijo, no puede conceder menos de lo que en este terreno admitió la dictadura.

El resultado de la aplicación del mecanismo Concierto-cupo ha resultado muy favorable para los territorios forales, que han dispuesto de una capacidad de gasto superior, según cálculos, en hasta un 60% a la media de las comunidades de régimen común. Pero ello no se ha debido esencialmente a una mayor recaudación tributaria sino al cálculo muy ventajoso del cupo. Para fijarlo se estableció en 1981 un porcentaje que venía a ser el de la participación del PIB vasco (o navarro) en el del conjunto de España y que no se ha modificado desde entonces: el 6,24% en el caso del País Vasco.

El cupo vasco supone por tanto el 6,24% de las partidas del presupuesto estatal destinadas a Ejército, Servicio Exterior y demás competencias del Estado no transferibles. Con la particularidad de que entre esas competencias no se considera la relativa a garantizar la igualdad básica de servicios en todo el territorio nacional. Lo que de menos se paga al Estado por esta vía es un excedente a disposición de las Administraciones forales. Es por tanto un privilegio que según algunos expertos supone el equivalente al 4% del PIB del País Vasco. Es ese cupo el que está infravalorado y habría que revisar. No el concierto en sí mismo, un sistema de financiación que es en principio neutral a esos efectos, sino el de fijación del cupo.

Albert Rivera, que ha sabido ver que el principal problema político de España requiere una política de Estado, y en todo el Estado, ha tenido el valor de plantear la necesidad de esa revisión, pero tal vez no ha sabido formular el objetivo preciso de la misma. Cuando el nacionalismo catalán amenazaba con reclamar la independencia si no se le reconocía una financiación </CF>no condicionada por su aportación a la solidaridad territorial, estaba demandando un Concierto como el vasco. Pero la igualación fiscal entre catalanes y vascos no pasa por extender el privilegio insolidario, y tampoco por eliminar los Conciertos, sino por hacer compatible su mantenimiento con la aportación responsable a las políticas redistributivas de las que depende la cohesión territorial y social sin la que no puede haber autonomía política.