En defensa de la libertad

La existencia de una amplísima red que sirve para financiar al yihadismo en Irak y Siria —revelada por EL PAÍS el pasado domingo—, así como para preparar atentados en varias partes del mundo, es la constatación de hasta qué punto el terrorismo más sangriento de lo que va de siglo XXI está presente en el tejido social español. En estas circunstancias, no constituye una reiteración innecesaria recordar que la lucha contra esta realidad no se libra lejos de nuestras fronteras, ni que su amenaza se limita a remotas hipótesis académicas; es un hecho que puede afectar a la vida de millones de personas.

Llama especialmente la atención el que —además de su demostrada utilización para fines terroristas— en España pueda existir una red organizada de movimiento de capitales utilizada habitualmente por unas 150.000 personas que escapa a todo control por parte de las autoridades monetarias españolas y europeas. En una época en la que la vigilancia sobre el dinero que mueve el ciudadano se ha extremado —basta recordar la imposibilidad de pagar más de 2.500 euros en efectivo— resulta sorprendente que un elevadísimo número de personas puedan operar, incluso con transferencias internacionales, absolutamente al margen de la ley.

Es una mala noticia que España se haya convertido en uno de los centros financieros de la Yihad. Por ello —y por muchas más razones— cobra especial importancia el pacto contra el terrorismo firmado este lunes entre el Partido Popular y el PSOE. Es el cuarto acuerdo de este tipo que ratifican las dos principales formaciones presentes en el Parlamento y no cabe sino felicitarse porque en una materia que tanto dolor causa las fuerzas políticas mayoritarias adopten una estrategia común; no deberían ahora ahorrar esfuerzos para incorporar a otros partidos al acuerdo.

Independientemente de la crítica que merece la adopción de reformas penales coyunturales, como la prisión “permanente y revisable”, el pacto debe servir —en el marco del Estado de derecho y de los acuerdos internacionales— para prevenir y combatir el terror yihadista con la participación de políticos, jueces y fuerzas de seguridad. Como dice el texto, ningún país puede quedar ajeno a una actividad que encuadra a terroristas solitarios y combatientes retornados de las trincheras. El acuerdo es un paso importante para tratar de neutralizar una amenaza que se cierne sobre las sociedades democráticas.