Hacen falta respuestas

La muerte del fiscal Alberto Nisman se ha convertido en el mayor escándalo en Argentina en los últimos años. Se trata de un hecho muy grave, que no puede quedar como un nuevo borrón en un proceso judicial, el del caso AMIA, ya empantanado.

La presidenta argentina, que tras una precipitada conclusión —anterior a la autopsia— había apuntado al suicidio, ha reconocido finalmente la muerte violenta del hombre encargado de investigar el peor atentado de la historia del país sudamericano. Lo ha hecho a su modo: a través de las redes sociales, criticando a los medios y planteando interrogantes que apuntan a una conspiración contra su Gobierno.

Cristina Fernández, además de dejar en pésimo lugar a todos los que, con ella, evocaron el suicidio, invierte los términos del problema. Primero, porque la víctima no es ella, sino el fiscal muerto, y también la causa judicial para conseguir que los culpables de atentado antisemita en la AMIA respondan de los 84 muertos y más de 300 heridos causados. Y después, porque los gobernantes tienen la responsabilidad de dar respuestas o, como mínimo, de hacer lo posible para que las haya, no la de difundir hipótesis que generen aún más confusión.

Al igual que con la teoría del suicidio, la supuesta conspiración contra el Gobierno también corre el peligro de disolverse a medida que aparecen las pruebas. Sin ir más lejos, las grabaciones hechas públicas ayer muestran cómo un líder cercano a la Casa Rosada recibe la orden de mantener un perfil bajo para no entorpecer la firma del acuerdo con Irán. En la práctica, eso supuso la paralización absoluta de las investigaciones sobre el atentado que buscaban probar la responsabilidad de, entre otros, cinco altos cargos del régimen de Teherán en la matanza perpetrada en Buenos Aires en julio de 1994.

Llegados a este punto, y dado que en la acción terrorista —según las conclusiones alcanzadas en su momento por la propia justicia argentina— hay varios países implicados, además de un grupo como Hezbolá, podría tener sentido que una investigación internacional ayudara a aclarar los hechos y descubrir a los responsables. No se trataría de una injerencia en asuntos internos, sino de resolver, tras dos infructuosas décadas, un gravísimo crimen contra civiles en una capital occidental. Los argentinos reclaman con toda razón una respuesta. Es hora de que la reciban.