Interior pierde los papeles

La valla de Melilla. / (CC)StephaneMGrueso

POR PEIO AIERBE

No. No me refiero a que el ministro se haya convertido en un sin-papeles. Si así fuera, seguro que cambiaba radicalmente de discurso. Me refiero a los argumentos que utiliza, y que reitera en un artículo en los medios,para defender la actuación policial en las fronteras de Ceuta y Melilla y tratar de justificar la enmienda a la Ley de Extranjería que acaban de introducir, con alevosía y nocturnidad, en el Parlamento aprovechando la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, argumentos, por otro lado, nada novedosos.

Ya en la primera línea de su artículo identifica la lucha contra la inmigración irregular con la lucha contra las organizaciones criminales. Esta equiparación se ve agravada al ligarla a la necesidad de proteger las fronteras. Protección necesaria porque, al parecer, éstas se ven amenazadas. Y, ya puestos, afirma nada menos que “todo el acervo de derechos fundamentales se ven comprometidos en los flujos migratorios, incluso cuando se trata de intentos de entrada por vías ilegales”. Si tenemos un señor ministro del interior que no para en mientes a la hora de presentar ante la opinión pública a quienes tratan de llegar a Europa como esa terrible amenaza para los derechos fundamentales, está claro que las medidas que vaya a implementar van a seguir esa lógica militar.

Crear espacios de “no derechos”

En su argumentación, trata de sustraer Ceuta y Melilla, basándolo en su “singularidad geográfica”, de la aplicación de la legislación nacional y europea. Afirmar que las situaciones que se producen en Ceuta y Melilla “son previas a la aplicación de la Ley de Extranjería y a sus principios y procedimientos” es un claro llamamiento a actuar al margen de los derechos y garantías previstos en las leyes. Y basarlo en que es “la consecuencia misma del concepto de frontera” es supeditar las leyes y acuerdos internacionales a la eficacia para hacer infranqueable la frontera. Todas las garantías previstas, precisamente, para esas situaciones van así, directamente, al cubo de la basura. Y aunque se haya quedado solo, en el panorama nacional e internacional, afirmando que dichas actuaciones están “amparadas hasta ahora en una férrea legalidad”, no debe tenerlas todas consigo puesto que trata de modificar esa legalidad mediante su propuesta legislativa de última hora en el Parlamento.

Resulta difícil, con las innumerables pruebas que vienen aportando en los últimos tiempos diversas entidades sociales y medios de comunicación, que puedan ser consideradas acordes con la ley las devoluciones a Marruecos de quienes cruzan la valla, sin ninguno de los trámites y garantías legales; por no hablar de los apaleamientos que han mostrado diversos vídeos. Hasta el punto de que incluso la Fiscalía de Área de Melilla acaba de incoar Diligencias de Investigación Penal 17/2014, por los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre. Esto es algo histórico ya que es la primera vez en la historia de España que la Fiscalía actúa frente a las “devoluciones en caliente”.

Están perdiendo la batalla

Cuando en un sistema parlamentario, un gobierno se ve obligado a adoptar repetidamente medidas de recorte de libertades es, sencillamente, porque no consigue imponer su política de una forma “amable”. Es lo que estamos viendo en España en estos últimos años.

El Partido Popular, en este caso, está echando mano de su mayoría parlamentaria para endurecer las leyes en la confianza de que, de esa manera, podrá contener la marea social contestataria. Pero cuando la mecha de la revuelta ha prendido, es difícil contener las vías de agua y corren el riesgo de que el barco se les vaya a pique. Hay no pocos estamentos, como el judicial que, ante el clamor de la opinión pública, están virando hacia una aplicación de las leyes a aquellos que, hasta ahora, solo eran inmunes a la aplicación de las mismas lo que ha llevado a la actual situación de nepotismo y corrupción generalizada.

Y en ese camino de endurecer las leyes al infinito, llevan las de perder. Por un lado, porque hay una protesta creciente en la ciudadanía que empieza a ser consciente de su poder y de las posibilidades de bajar del caballo a los caballeros que siempre han mirado a la plebe desde la altura. Y por otro, porque, a día de hoy, existe todavía un buen puñado de normativas y garantías jurídicas que acabarán echando por tierra, lo que ahora se legisla contrariando las leyes vigentes, la Constitución y los Tratados internacionales. El problema es el daño que están produciendo hasta que todo eso de sus frutos. Pero no cabe duda de que llegará.

PEIO AIERBE pertenece a la organizaciónMugak/SOS Racismo