Acertada rectificación

El Gobierno ha gastado una parte notable de su capital político en el intento de volver atrás sobre la regulación del aborto y, en general, en el uso de la mayoría absoluta para imponer reformas. Mariano Rajoy se ha convencido de los peligros electorales del objetivo perseguido y ha mandado al cajón el proyecto sobre el aborto, como este periódico le pedía el lunes pasado. Un anuncio presidencial corto, claro y contundente acaba con los esfuerzos derrochados durante dos años y medio para restringir el aborto, desde el temprano anuncio en las primeras semanas de la legislatura hasta su materialización en un proyecto de ley que llevaba nueve meses estancado.

Sacrificar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es el precio que ha tenido que pagar por esta rectificación. Ruiz-Gallardón empuñó la bandera de la contrarreforma del aborto y la defendió como “lo más progresista” que iba a hacer en la vida, confundiendo así la imagen de moderación dada hasta ese momento. Tamaña contorsión ideológica podría explicarse por un error de cálculo de quien supuso que el viento político soplaba a favor del integrismo católico y que las grandes reservas de votos estaban en el conservadurismo militante.

Lejos de ser así, Ruiz-Gallardón ha tropezado con la tenaz resistencia de toda la oposición política, de movimientos feministas y de una gran parte del propio PP. La teatralización de convicciones antiabortistas por parte del ministro y el plazo perentorio que había dado para tramitar el proyecto (“hasta el fin del verano”) le han hecho prisionero de sus palabras que, esta vez sí, le dejan fuera del Gobierno y de la actividad política a los 55 años.

Hay que alegrarse sinceramente de la rectificación presidencial sobre la cuestión del aborto, que elimina el riesgo de un retroceso injustificable en el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, dentro del límite general de las primeras 14 semanas de gestación. Subsiste la voluntad de que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que obtener permiso paterno para abortar, así como los efectos que puedan derivarse del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, planteado por el PP hace más de tres años. Consciente de que la gestión de la justicia se le ha venido abajo, Gallardón ya no quiere quedarse a pilotar esos posibles cambios.

El ministro de Justicia ha sido desautorizado sobre la cuestión del aborto, pero no es el único asunto que entierra la carrera de un hombre ambicioso y combativo, que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y, hasta ahora, ministro. Otros proyectos permanecen tan atascados como el del aborto. El principal es el del Poder Judicial, que le ha enfrentado a jueces y fiscales; desde el ministerio se cambió en varias ocasiones el redactado del borrador de ley y se tomaron iniciativas tan precipitadas como anunciar la supresión del fuero para miles de magistrados y fiscales —sin olvidar el impacto social de las tasas que encarecen el acceso a la justicia civil—. Ruiz-Gallardón, que nunca ha contado con grandes apoyos en el PP, ha terminado perdiendo hasta el del presidente del Gobierno.

Este episodio encierra otra rectificación política. Justificar la retirada de un proyecto de ley “por falta de consenso”, que es el argumento alegado por Rajoy, representa un cambio en la forma de gobernar por parte de un presidente que ha ejercido hasta hoy la mayoría absoluta en el Parlamento sin complejos. No se pueden abordar crisis políticas de tanto calado como las que atraviesa España sin demostrar una actitud favorable a la búsqueda de consensos para los asuntos verdaderamente serios. Animamos a Rajoy a seguir en esa línea, por ejemplo en Cataluña.