El fútbol cumple la ley

Pocos países producen una cantidad tan apabullante de leyes, decretos, normas y directivas como España; y menos países aún se esfuerzan tanto en burlar o coaccionar la tupida red legislativa como España. El descenso del Murcia a 2ª B, decidido por la Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) después de que el club haya incumplido la relación establecida entre deuda y recaudación y el reiterado incumplimiento de sus obligaciones con Hacienda, es un ejemplo pintiparado de esta esquizofrenia entre la obsesión rábula por la ordenanza escrita y el impulso incontenible a vulnerarla. El Real Murcia estaba enterado de sus obligaciones económico-financieras y sus directivos sabían que el volumen de deuda era impracticable en relación con los ingresos del club. A pesar de ello, como ya sucedió en los casos de Sevilla y Celta (debieron descender a Segunda en 1995, pero las manifestaciones y la presión de los directivos aterrorizó a la Federación Española de Fútbol), los aficionados murcianos, con el apoyo de la directiva, se han manifestado ruidosamente en varias ocasiones (la última, delante de la sede de la Liga el pasado jueves, cuando se ratificó el descenso) con razones que no rebasan el peregrino eslogan de que la ley es injusta.

Al margen de la escasa urbanidad en algunos detalles (que la Liga no recibiera a los capitanes del Murcia el pasado jueves es uno de ellos), la decisión de que el equipo descienda es correcta. Los aficionados murcianos, justamente indignados, deben exigir responsabilidades al presidente y a la directiva del club. Es su gestión la que ha condenado al Murcia, no las normas económico-financieras de la Liga. La sanción transmite el mensaje de que en el fútbol ya no se pasan por alto conductas incompetentes de los dirigentes futbolísticos. El bien mayor que se intenta proteger es el de la seguridad de los ciudadanos en que no pagarán, con más deuda local o con especulación urbanística, la mala gestión del fútbol.

Persiste la duda de si la ley es rigurosa con los equipos pequeños y laxa con los grandes. Es una duda razonable; pero no podrá despejarse mientras no exista un caso que afecte al Barça, al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Pero las dudas condicionales (“si se tratara de...”) no eximen del cumplimiento de la ley.