México se abre

Cuando el presidente Peña Nieto tomó las riendas de México acabando 2012, avanzó un programa reformista de gran calado, destinado a modernizar el país y sacarlo de su marasmo económico. Para conseguir las herramientas parlamentarias con las que sortear más de una década de inoperancia legislativa, su Partido Revolucionario Institucional (PRI) forjó con la oposición el denominado Pacto por México. Con altibajos y a veces encendidas resistencias, ese vendaval de cambios (educación, fiscalidad, telecomunicaciones) se viene abriendo paso.

Esta semana, con los votos del gobernante PRI y el conservador Partido de Acción Nacional, el Senado ha dado el visto bueno a la reforma energética, la joya de la ambiciosa agenda presidencial. El cambio, histórico sobre el papel, libra a México del monopolio de casi 80 años de la petrolera Pemex y del ejercido por su homóloga eléctrica. Pemex es hoy un fósil con 150.000 empleados y en pérdidas, carente del capital y la tecnología necesarios para explotar los abundantes recursos del país y bajo cuya égida la producción de crudo ha caído un 25% en poco más de una década. El monopolio eléctrico, por su parte, ha conseguido llevar a precios astronómicos y nulamente competitivos la energía que suministra.

La izquierda representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), opuesta al desguace, ha reaccionado con oportunismo a su derrota parlamentaria. El PRD, que pretende movilizar la calle para conseguir un referéndum que eche abajo los cambios, se olvida de señalar que los mexicanos han sufrido durante generaciones los precios abusivos y el mal servicio de sus monopolios y duopolios. Y suena demagógico cuando señala que la apertura del sector al capital privado representa su entrega a los extranjeros. Por más que parezca compartido por muchos mexicanos, es insostenible un discurso que asocia la pervivencia de los grandes monopolios a una suerte de dignidad nacional.

Peña Nieto ha empeñado su capital político en unas reformas cuyos resultados difícilmente se verán antes de que acabe su mandato, en 2018. La realidad, como sucede siempre, distará mucho de las rosáceas proyecciones gubernamentales; pero la liberalización mexicana movilizará en cualquier caso ingentes recursos económicos. No hay mayor reto para México que aplicarlos a reducir su extendida pobreza y lacerante desigualdad.