¿Hemos aprendido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

Naciones Unidas ha presentado su informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a tan solo un año del final del periodo marcado para conseguir reducir drásticamente la pobreza y el hambre en el mundo y avanzar en otros objetivos sociales.

El balance presentado es excesivamente optimista. Es cierto que en estos casi quince años se han experimentado avances, pero el cumplimiento ha de calificarse de muy insuficiente en una visión global. Algunas de las mejoras se habían conseguido antes de 2000 (el punto de partida para los datos era 1990). Pero incluso si se hubieran alcanzado todos los objetivos, no debemos olvidar que ya en 2000 éramos muchos quienes los considerábamos insuficientes.

El proceso ha tenido muchos aspectos positivos. En los países del Sur, especialmente, ha permitido una mejor conciencia de los gobiernos y la opinión pública, ha orientado más adecuadamente la fijación de prioridades y ha posibilitado en muchos países mejoras notorias en la reducción de la pobreza, en educación y en sanidad. Los ODM han sido importantes también para que la ONU y las agencias de cooperación fijaran sus políticas acordes con los criterios que definen.

La cuantificación de las metas ha permitido el seguimiento efectivo del proceso. Que Naciones Unidas presente periódicamente los datos de evolución del grado de (in)cumplimiento de los ODM y que el Banco Mundial se haya involucrado desde el primer momento con la declaración del Milenio, también ha de considerarse positivo.

La evolución global oculta que el éxito de unos pocos países grandes, como China o India, determina el cumplimiento global de alguno de los objetivos, aunque la situación en buen número de países haya empeorado o se haya estancado. América Latina-Caribe, Asia Oriental y Norte de África nos presentan un predominio optimista, frente al claramente negativo de África Subsahariana y Asia Occidental.

En todo caso, predominan los incumplimientos sobre los resultados satisfactorios. Y los éxitos y los fracasos se reparten de forma desigual. Los datos menos negativos señalan a educación, sanidad y salubridad, lo que ha de celebrarse puesto que son objetivos de enorme importancia presente y de cara al futuro. El fracaso es total en el uso de los recursos naturales.

Es inadmisible que (son datos que entresacamos del informe de Naciones Unidas):

• Una de cada cinco personas en las regiones en desarrollo sigue viviendo con menos de 1’25 dólares al día (pobreza extrema).
• El empleo vulnerable en el Sur representa el 56% de todo el empleo (10% en el Norte).
• 842 millones de personas sufren hambre crónica, y la mejora en la última década ha sido más lenta que en los 90.
• Uno de cada cuatro niños sufre retraso en el crecimiento.
• En 2013, 300.000 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo o el parto, a pesar de que contamos con los medios para evitar que mueran
• 748 millones de personas todavía utilizan fuentes de agua no apta para el consumo
• En 2012, 863 millones de residentes urbanos vivían en tugurios (650 millones en 1990).

La experiencia y los conocimientos obtenidos en este proceso facilitarán la continuación de los avances futuros. Por ello es muy importante conseguir que la agenda post-2015 subsane los errores detectados.

Los objetivos irrenunciables para el nuevo periodo han de ser erradicar la pobreza extrema (en 2000 se fijó tan solo reducir a la mitad) y el hambre, así como reducir las desigualdades mundiales. Este segundo aspecto, tan olvidado habitualmente, es condición necesaria para consolidar paulatinamente una estabilidad en las políticas de lucha contra la pobreza en el mundo.

Si en las variables claras ponemos el objetivo en la erradicación absoluta, ya no podremos escudarnos en medias, sino que debemos poner el centro de atención precisamente en los más desfavorecidos, en las regiones y países que presentan más altos índices de pobreza y hambre.

No basta con fijar objetivos si los factores institucionales no juegan en la misma dirección. Los compromisos han de involucrar tanto a los países del Norte como del Sur. Entre otras razones, porque es impensable conseguir objetivos ambiciosos de desarrollo humano y sostenible si no se afronta de una vez la revisión del sistema de gobernanza global, de las regulaciones comerciales y del sistema financiero internacional o la erradicación de los paraísos fiscales. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo para el nuevo periodo ha de ser la ocasión para comprometer definitivamente esos cambios estructurales que vienen proclamándose como urgentes desde 2009.

En esa misma línea, debe aprovecharse el debate para definir correctamente qué entendemos por desarrollo humano y sostenible. El crecimiento no puede convertirse en el único indicador. Un crecimiento que margina los derechos sociales, la sostenibilidad ambiental o la desigualdad, no puede considerarse un avance sino un retroceso en el bienestar general.

Es preciso fijar objetivos diferenciados entre países en los que las necesidades básicas son las prioritarias, y países que han alcanzado buena parte de esos objetivos y se enfrentan a otros retos que tienen que ver más con la fragilidad institucional, el desempleo estructural, la dependencia financiera o la debilidad del Estado.

Es necesario, efectivamente, recuperar el papel de los Estados como garantes de los derechos de la ciudadanía. Para ello, debe restaurarse su legitimidad, desgastada por la ideología ultraliberal que impone los intereses de una minoría a las necesidades y los derechos de la inmensa mayoría de la población.

Por esa misma razón, hay que denunciar el creciente papel que las grandes trasnacionales y sus fundaciones están asumiendo en varios de los programas y procesos en marcha en Naciones Unidas, en especial en los relacionados con temas como la alimentación, el agua o la energía. Ello supone la imposibilidad de debatir sobre modelos alternativos al actual, al incorporar al sector privado empresarial como parte de la solución sin reconocer que también es parte del problema. Además, su participación implica riesgos que son soportados por el sector público, mientras los beneficios son para los inversores privados y las empresas. El sector privado empresarial no asume responsabilidades ni rinde cuentas. Además, existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes, por no hablar de la ausencia total de democracia en esta nueva gobernanza global.

Por tanto, debería fijarse un nuevo marco de rendición de cuentas, que asegure que los intereses de las partes implicadas, especialmente los de los participantes con mayor poder, estén verdaderamente alineados con los principios universales que establece la Carta de Naciones Unidas.

Desgraciadamente, las guerras provocan diariamente desplazados, hambre, enfermedades y empobrecimiento. La prevención de conflictos y aportar soluciones eficaces para mitigar sus efectos negativos deben incluirse entre los objetivos de futuro.

Los Objetivos del Milenio han sido un primer paso importante. Como tal primer paso, no debemos descorazonarnos por sus resultados insuficientes. Pero debemos aprender de los años transcurridos para fijar una agenda post-2015 ambiciosa, realista y asentada sobre bases firmes.

Juan A. Gimeno es Presidente de Economistas sin Fronteras y miembro de la Plataforma 2015 y más.