Otro tiempo

La proclamación de don Felipe como rey renueva la vinculación entre Monarquía y democracia parlamentaria, puesta claramente de relieve durante el reinado anterior. Don Juan Carlos fue el autor de la mejor decisión tomada en España en mucho tiempo, la de renunciar a sus plenos poderes para impulsar una democracia constitucional. Con la firma de la abdicación termina una etapa que entra en la historia por haber acabado con las convulsiones vividas durante gran parte del siglo XX y por haber registrado un considerable desarrollo económico, social y político, además de haber facilitado la integración de España en Europa.

A partir de hoy, Felipe VI toma el relevo en la Jefatura del Estado tal y como dispone la Constitución. Será proclamado en el mismo edificio en el que lo fue don Juan Carlos, casi 39 años atrás; ahí terminan las semejanzas entre el acto de 1975 y el de hoy. De aquellas Cortes franquistas a las actuales, emanadas en su totalidad de la soberanía del pueblo, media la distancia que va de una dictadura a una democracia.

La situación de partida no es nada fácil. Los principales liderazgos políticos están en crisis, como lo muestran las bajas valoraciones que obtienen los dirigentes en las encuestas. Se echan de menos los consensos básicos necesarios para garantizar el futuro; incluso dos formaciones parlamentarias, Convergència i Unió e Izquierda Unida, han roto con el pacto constitucional en que participaron los partidos de los que ambas proceden. Sin duda la reclamación soberanista de algunas fuerzas en Cataluña pesará sobre el nuevo reinado.

Por eso, más allá de las circunstancias de la ceremonia —afortunadamente prevista de forma austera y aconfesional—, la ciudadanía aguarda los primeros gestos y palabras del Rey. La renovación en la institución monárquica ofrece la gran oportunidad de movilizar otras energías, que falta hacen en un país necesitado de recuperar la confianza y el valor del diálogo como método de solución de conflictos. Sin perjuicio de que el primer discurso del Rey haya sido pactado con el Gobierno, al Monarca se le espera en el terreno de la unidad de los españoles y en la forma de resolver los problemas que se ciernen sobre la convivencia, y también en las cuestiones sociales y en los derechos ciudadanos.

El acto fundacional de la nueva época tiene que servir para confirmar la voluntad de Felipe VI de ser rey de todos los españoles, como lo ha sido su padre, y responder a las expectativas de un tiempo nuevo. Don Felipe ya es el jefe del Estado, con todas las consecuencias, hasta el punto de que protagonizará el acto del Congreso incluso sin la presencia de su padre. Tiene que tomar la responsabilidad en sus manos desde el primer instante, y en la medida en que el padre ha decidido no asistir a la proclamación del sucesor es claro que así lo desea el propio don Juan Carlos.

A partir de ahora, don Felipe no puede sustituir a las Cortes ni al Gobierno, en donde residen los poderes políticos efectivos, pero sí utilizar sus facultades de arbitraje y moderación para facilitar un clima favorable a la vuelta al diálogo.

La decidida voluntad de la Corona para impulsar un campo de reformas no puede pasar por alto que el Rey solo cuenta con la auctoritas que sea capaz de ganarse. Como Príncipe de Asturias se mantuvo al margen de los episodios lamentables protagonizados por otros miembros de la familia del Rey. A don Felipe hay que exigirle que recupere la imagen de ejemplaridad que la Corona debe dar en todo momento.

El comienzo de un reinado es una gran oportunidad para cambiar el clima de pesimismo de los últimos años, para alterar los términos del debate. En vez de encastillarse cada uno en sus posiciones y ahondar en lo que divide, hay que aplicarse a reconstruir la vida económica y social, abrir los puentes y restablecer los consensos.