Cláusulas abusivas

Ángeles Gil, una mujer de Barcelona de 57 años y en paro, ha podido beneficiarse de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que en mayo de 2013 declaró ilegal el proceso de ejecución hipotecaria previsto, por dejar en situación de indefensión a los desahuciados. Se da la circunstancia de que el mismo juez que propició esa sentencia al elevar el caso Aziz al alto tribunal, José María Fernández Seijo, se ha acogido ahora a ella para obligar a Bankia a devolver a la mujer la vivienda de la que fue expulsada en abril del año pasado.

Lo ocurrido en este caso puede ser prototipo de una historia cientos de veces repetida en los últimos años. El amargo recorrido comienza cuando el beneficiario de una hipoteca deja de pagar una cuota, y termina varios años después en un procedimiento de desahucio en el que se queda sin vivienda y con una deuda pendiente. Esta deuda está formada por la parte del préstamo no cubierta por la subasta y unos intereses de demora que en algunos casos han llegado a ser del 25%.

La cuantía de los intereses de demora es precisamente una de las cláusulas que el juez Fernández Seijo ha considerado abusivas en este caso. Ángeles Gil había avalado con su vivienda un préstamo de 100.000 euros suscrito en 2004 por su hija. En 2011, cuando ya se había pagado una parte considerable del préstamo, la familia no pudo hacer frente a las cuotas. El banco instó la ejecución de la hipoteca cuando apenas se habían dejado de pagar cinco mensualidades. En total, 2.354 euros. El mecanismo de ejecución previsto en la ley ha cogido por sorpresa a muchos deudores que, al dejar de pagar, creían que cuando la entidad les reclamara las cuotas pendientes, podrían reunir esa cantidad.

Con la ley en la mano, cuando la entidad insta la ejecución de una hipoteca no reclama las cuotas que se le adeudan sino la totalidad del préstamo, lo que suele ser una cantidad imposible de afrontar. Como en muchos otros casos, al quedar desierta la subasta, el banco se adjudicó la vivienda de Ángeles Gil por el 60% del valor de tasación (75.492 euros) y ella se quedó en calle y con una deuda pendiente de 13.644 euros de la que tendrá que responder con sus bienes presentes y futuros. La historia, en todo caso, no termina aquí, porque la sentencia será recurrida.