Pulso Gobierno-jueces

El pulso que se está llevando a cabo entre jueces de instrucción de la Audiencia Nacional y el Gobierno implica un conflicto grave, que puede enquistarse. Los magistrados se resisten a aceptar la drástica limitación introducida por el Parlamento (con los votos del PP) en la aplicación del principio de la justicia universal, mientras el Gobierno les exige que apliquen la ley. El resultado práctico es que siguen abiertas las causas que tanto preocupaban al Ejecutivo, por las complicaciones que suponen en la acción exterior (genocidio tibetano, caso Couso, matanzas en Ruanda y otras), mientras que salen en libertad decenas de presuntos narcotraficantes detenidos en barcos que navegan por aguas próximas a las españolas.

La mayoría de los jueces penales de la Audiencia Nacional cree que la reforma no les deja más opción que liberar a los narcos; otros jueces rechazan la interpretación de sus colegas y sostienen que la ley no retira la competencia judicial española para perseguir el tráfico de drogas por mar. Urge aclarar quién tiene razón. El Supremo habrá de pronunciarse sobre los recursos contra la libertad de los narcos y los jueces de la Audiencia Nacional deberían promover inmediatamente una cuestión de constitucionalidad, si creen de verdad que la reforma no se ajusta a la máxima ley.

Sobre el resto de los casos, sobran los intentos de encogerse de hombros y decir que de eso se ocupe el Tribunal Penal Internacional. La jurisdicción universal es un remedio precisamente cuando no funciona la cooperación jurídica internacional. Es un instrumento para luchar contra los espacios de impunidad, sobre todo cuando están implicados nacionales de países (China, Estados Unidos y otros) que no reconocen al Tribunal Penal Internacional. Por otra parte, el Parlamento puede limitar o eliminar el principio de la justicia universal, impidiendo así la tramitación de casos nuevos; pero resulta más discutible la pretensión de cerrar los que ya estaban abiertos y encomendados a la jurisdicción.

Es verdad que debe existir una proporción entre medios y fines, entre valores e intereses. El reto de perseguir crímenes en el planeta ha tropezado y tropieza con la dificultad objetiva de llevar adelante muchas de las investigaciones intentadas. Ningún sistema judicial puede renunciar de entrada a perseguir delitos, colaborando a su impunidad, pero es perfectamente defendible que se precisen ámbitos razonables para su aplicación.

Desde luego no es aceptable reducirlos drásticamente: la imagen de protector de los derechos humanos también es “marca España” —especialmente por parte de un país que fue una antigua dictadura—. Pero tampoco es razonable enviar a la comunidad internacional el mensaje de que en España hay tal desbarajuste que no es un Estado fiable en la colaboración contra el tráfico de drogas. Hacen falta soluciones razonables que acaben con los excesos en uno y otro sentidos.