Descapitalización

Tras varios años de recortes presupuestarios y demoras en la percepción de las subvenciones públicas, las universidades españolas han llegado a tal situación de asfixia financiera que en algunos casos tienen graves dificultades para pagar incluso las nóminas, pese a los draconianos planes de ajuste aplicados. Los recortes han llevado a un proceso de descapitalización general que, de no corregirse en un plazo corto de tiempo, puede tener consecuencias graves para el país. Esta es la situación que ha llevado a la Conferencia de Rectores de España (CRUE), en la que están representadas 50 universidades públicas y 25 privadas, a pedir al Gobierno que ponga fin a los recortes, que han mermado los recursos financieros de las universidades en más de 1.200 millones de euros desde 2009.

El Ejecutivo no puede ser insensible a las reclamaciones de los rectores. Los primeros recortes pudieron trampearse en parte porque su coste se trasladó a los estudiantes mediante un aumento de las tasas universitarias, que en los estudios de grado llegó a ser de hasta el 66% y en los de posgrado de hasta el 124%. Pero los ingresos extra obtenidos vía la subida de las matrículas no han compensado la caída de las asignaciones públicas. Las universidades pierden profesores, pierden estudiantes y pierden líneas de investigación.

En los últimos años no solo se han reducido las plantillas docentes —300 profesores menos en la Complutense de Madrid, por ejemplo— sino que se han precarizado. Como está permitido cubrir únicamente una de cada 10 plazas vacantes, muchas universidades han recurrido a una vía anómala para reducir el impacto de la crisis sobre los efectivos docentes: la de contratar profesores exclusivamente dedicados a la universidad como profesores asociados. Esa categoría está reservada a profesionales en ejercicio y por eso perciben una menor remuneración. Pues bien, un estudio de la Asociación Catalana de Universidades Públicas ha revelado que el 43% de todos los profesores universitarios catalanes son “asociados”, lo que se traduce en que la mitad de los profesores universitarios catalanes cobran sueldos precarios que van de 300 euros mensuales por una dedicación parcial a 1.500 por dedicación completa.

El encarecimiento de las matrículas empieza a afectar también a la demanda. Se observa ya una disminución en el número de créditos matriculados, pero cae sobre todo la matrícula de posgrado. Parecido impacto está teniendo la crisis en otro de los ámbitos en los que la universidad juega un papel esencial: la ciencia. Hay que tener en cuenta que el 60% de la investigación que se realiza en España se hace en la universidad. Se están perdiendo líneas de investigación y oportunidades científicas que mermarán nuestra capacidad competitiva en el futuro.

Que todos los rectores, de diferentes territorios y colores políticos, se hayan puesto de acuerdo para dirigirse al Gobierno indica la gravedad de la situación y exige una respuesta.