TRIBUNA

Más cohesión para el bienestar europeo

Si se cambia el Tratado de la Unión, debe reforzarse el modelo social

 Últimamente se ha vuelto moneda común la aparición de propuestas de profundización de la integración económica europea, que deberá ser también política, como instrumento para superar esta larga crisis. Destacan por su relevancia las emanadas desde el Gobierno alemán, que plantean una agenda de reformas institucionales que culminen la gobernanza del euro, enmarcadas en una revisión del Tratado de la Unión para reforzar su base legal. Aunque toda iniciativa en favor de la integración es bienvenida, la mayoría de las esbozadas desde el centroderecha europeos no van por el camino necesario, ni para lograr superar la actual crisis, ni para fortalecer el modelo social de mercado, que constituye el ADN de la propia UE y conforma la propuesta de Europa al mundo.

Una idea central adelantada por el Gobierno alemán defiende la creación de un supercomisario de presupuestos, con poderes reforzados sobre las cuentas públicas nacionales. Esta propuesta iría acompañada de un impulso a la consolidación del mercado interior, especialmente en servicios, así como con una vocación librecambista más aguda con el resto del mundo. Se perfilaría de esta forma un modelo de Unión Europea liberalizada, en su interior y hacia fuera, focalizada en la estabilidad de precios y con un control fiscal centralizado para los países de la eurozona. Se trata de un marco en el que tanto Alemania como, incluso, Reino Unido encuentran fácil acomodo. Ahora bien, transferidas al BCE las competencias de política monetaria, y rígidamente encorsetadas las políticas fiscales nacionales, se dejaría así en manos de los mercados, vía ajustes de precios y cantidades, las correcciones de cualquier shock asimétrico que tenga lugar al interior de la unión monetaria. La posibilidad de intervención en la economía desde los poderes públicos para suavizar los ciclos económicos quedaría reducida a su mínima expresión.

Propuestas como las señaladas colocarían en serio riesgo la sostenibilidad de buena parte del modelo social europeo, salvo que tales políticas también se europeícen. Ciertamente, aquellas políticas contributivas en las que los derechos devengados tengan como raíz la participación en mercados laborales nacionales se enfrentan a enormes retos futuros, si de verdad se pretende consolidar un mercado de trabajo paneuropeo. Hablamos por ejemplo del seguro de desempleo, los sistemas públicos de pensiones y probablemente también los servicios públicos sanitarios, allí donde aún se financian vía contribuciones. En este sentido, si el objetivo es establecer un mercado consolidado más estrecho, aquellas políticas sociales que dependen de las contribuciones del trabajo en los mercados nacionales deberán regirse en un marco regulatorio europeo. Sin embargo, el programa del centroderecha para las próximas elecciones europeas defiende que sólo los contribuidores a los sistemas sociales nacionales devenguen derechos de los mismos. Esta idea, lanzada en plena campaña populista antiinmigración, supone la ruptura por la base del modelo de bienestar europeo.

Muchas de las ideas para gobernar el euro se alejan del pacto fundacional

En realidad, aunque buena parte del centroderecha europeo apueste por la reducción del presupuesto comunitario, lo que se necesita es un aumento sustancial del mismo, o al menos de la aparición de un presupuesto para el euro con potencia suficiente para actuar como mecanismo regional de reequilibrio ante shocks territoriales asimétricos. Y un buen instrumento podría ser, por ejemplo, un seguro de desempleo paneuropeo complementario a los nacionales. Además, si el camino conduce a un estrecho control desde Bruselas de las políticas de gasto, entonces la consolidación de una verdadera unión fiscal debe necesariamente establecer una mayor armonización de las políticas tributarias y niveles de presión fiscal y, en última instancia, la creación de un Tesoro europeo con capacidad para emitir deuda mutualizada que permita reducir costes de financiación. Todo ello completado con una reforma del mandato del BCE, que incorpore el crecimiento y el empleo a sus objetivos centrales, y le dote de los instrumentos propios de una política monetaria moderna.

En segundo lugar, cabe preguntarse por el equilibrio de soberanía en esta Unión que se dibuja, con países dentro y fuera del euro. Aunque parece claro que el reforzamiento de los poderes de ese supercomisario sobre los países del euro debería ir acompañado de una mayor rendición de cuentas democrática, no lo es tanto cómo resolver la asimetría actual, con un Parlamento para toda la UE, frente a una incipiente gobernanza centrada en la zona euro. En este asunto diversas voces proponen la creación de una especie de Parlamento de la eurozona, o bien comisiones mixtas entre el Europarlamento y los legislativos nacionales del euro. El desequilibrio dentro de esta Unión de círculos concéntricos será creciente a medida que avancemos por la senda de la integración, y supondrá uno de los grandes desafíos institucionales del futuro próximo. Desde el Gobierno británico insisten que cualquier reforma institucional no debe dejar en desventaja a los países de fuera del euro. Pero si el camino natural de prácticamente todos los Estados de la UE implica entrar en la unión monetaria, es muy cuestionable por qué la gobernanza de esta última debe diseñarse para acomodar los intereses de aquellos que, como Reino Unido, rechazan adoptar la moneda común.

Finalmente, habría que valorar, antes de lanzar un nuevo Tratado como sugiere Alemania, si la UE está en condiciones de afrontar ese reto con probabilidad de éxito, o más bien convendría seguir forzando las costuras del actual marco institucional. Una reforma del Tratado que constitucionalice el modelo institucional de la derecha europea tendría seguramente escasas posibilidades de éxito tras cinco de años de ajustes fiscales, que ha soliviantado a buena parte de la opinión pública contra esta Europa, que así orientada acabaría de perder toda su propia esencia. Por tanto, lanzarse a abrir el melón del Tratado no puede ser únicamente para reforzar el control presupuestario y consolidar el mercado interior, sino que debe servir para garantizar el modelo social europeo, como elemento clave de recuperación de la confianza ciudadana en el proyecto europeísta.

En definitiva, después de varios años enzarzados en una aproximación exclusivamente nacional a las raíces de esta crisis, en los últimos tiempos hemos pasado a una visión paneuropea de la recesión. Esta reorientación, que han adelantado una unión bancaria bastante descafeinada, y un BCE algo más activo, aunque no tanto como debería, están en la base de la estabilización de la economía de la eurozona.

Diversas voces proponen la creación de una especie de parlamento de la eurozona, o bien comisiones mixtas entre el europarlamento y los legislativos nacionales

De cara al futuro, muchas de las propuestas de reforzamiento de la gobernanza del euro no responden a una visión netamente europea; por el contrario, se alejan del pacto fundacional entre socialdemócratas y democristianos en torno a una “economía social de mercado”. Por ello, es necesario desarrollar una alternativa progresista que enfrente los retos de la integración económica como elemento también para mejorar las políticas de cohesión social que deberán ser europeas.

Manuel de la Rocha Vázquez es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Jonás Fernández es economista y miembro de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo