Pobreza energética: ejemplo de una crisis ecológica
Por Álvaro Porro de la revista OpcionesEsta es la primera entrada del autor sobre "Lo social y lo ambiental". La segunda es "La huella del consumo: cuando pagan justos por pecadores"
La crisis genera situaciones paradójicas, pero que nos aportan una información interesante sobre la realidad que habitamos. Una de ellas es que por primera vez parece que España está en disposición de cumplir sus objetivos comprometidos en el Protocolo de Kyoto –no superar en más de un 15% las emisiones de CO2 de 1990. Actualmente las supera en un 23%, pero llegó a estar un 50% por encima. Este resultado es debido en parte a la compra de derechos de emisión a otros países (casi 800 millones de euros), pero sobre todo al efecto de contracción económica por la crisis. Podríamos alegrarnos de los efectos positivos ambientales que está teniendo la crisis, ya que algunos indicadores por primera vez muestran descensos (producción de cemento, consumo de gasolina, generación de residuos, compra de vehículos privados...). Sin embargo, ello tiene un sabor agridulce, ya que estas disminuciones de emisiones y consumos energéticos se hacen, en parte, a costa de graves consecuencias sociales no equitativas. Por un lado, disminución de la actividad productiva, con fuertes repercusiones sobre el desempleo; por otro, recorte en la actividad pública, con graves consecuencias para los servicios públicos; y también disminución del consumo de los hogares, en algunos casos dejando de cubrir necesidades básicas y de manera muy inequitativa.
Por ejemplo, y según la Asociación de Ciencias Ambientales, este invierno más de dos millones de familias no han podido encender la calefacción porque no podían pagarla, ya que con las últimas subidas la electricidad cuesta un 80% más que hace 10 años. Este fenómeno es lo que se ha venido en llamar pobreza energética, es decir, la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano). Según un estudio, el 10% de la población en España sufre pobreza energética, y eso se relaciona con las mayores tasas de muerte prematura en invierno (entre 2.300 y 9.000 muertes al año, según qué porcentaje de muertes adicionales de invierno se atribuyan a la pobreza energética, frente a por ejemplo las 1.480 de los accidentes de tráfico en carretera en 2011).Una problemática que ya tiene un movimiento ciudadano organizado que la semana pasada se presentaba con una acción en una sede de Endesa.
Por tanto, parece que los mercados tienden a ajustarse ante las crisis de una manera que tiene consecuencias ambientales positivas, pero que es socialmente indiscriminada. Es decir, que los que menos contribuyen a generar la crisis son los que pagan las consecuencias de dicho ajuste. Aunque ha sido una crisis de origen esencialmente financiero, este fenómeno nos puede servir de ejemplo sobre la mecánica de ajuste ante desequilibrios de las crisis, tengan el origen que tengan. Cuando se materialicen las consecuencias económicas de la crisis ecológica, sobre todo en forma de escasez de recursos naturales, esto provocará un “ajuste” en el mercado en forma de aumentos exponenciales del precio de consumos básicos para el bienestar y la vida: energía para iluminarnos, movernos, calentarnos, conservar el alimento; agua sana para beber, cocinar, lavarnos.
Tendemos a escuchar discursos pro-ambientales en términos de conservación del planeta, pero el planeta sobrevivirá. Lo que no sobrevivirá a nuestro impacto son ecosistemas lo suficientemente sanos como para continuar proveyéndonos de los recursos naturales que necesitamos para el bienestar, o incluso para la vida. Si no organizamos la transición hacia escenarios sostenibles de manera democrática y equitativa, el ajuste que harán los mercados será ciego, es decir, de forma mucho más abrupta y desigual. Un fenómeno como el que explicábamos de la creciente pobreza energética en España, pero mucho más acentuado. Y, de nuevo, precisamente esos sectores sociales que quedarán excluidos no son los que están contribuyendo per cápita de mayor manera a dicha crisis ecológica, sin embargo serán los que la sufrirán primero, y con mayor intensidad.
Existen propuestas de políticas socio-ambientales que integran en cierta medida las dimensiones social y ambiental, a la par que efectividad, que pueden servirnos de ejemplo. Una propuesta, que ya funciona en el caso del agua, aunque tímida y parcialmente, sería el uso de tarifas progresivas: una tarifa por la cual el precio por unidad (litro, kw...) de algunos suministros aumenta a medida que el consumo se aleja de la cobertura de la necesidad básica. Este diseño de tarifas debe promover que todo el mundo tienda a ocupar un espacio ambiental sostenible independientemente de su capacidad económica, es decir: que se garantice un mínimo vital asequible a todos, y que se establezca un techo máximo que impida el derroche insostenible, determinando un espacio intermedio donde cada cual escoja su pauta de consumo, pero siempre bajo el estímulo efectivo, económico y cultural, hacia conductas sostenibles.Justo lo contrario a la penúltima subida de la luz (en julio), que se centró en la parte fija del recibo, es decir la que no depende de lo que gastas.
Recientemente hemos escuchado mucho hablar de la última subida de la tarifa eléctrica (en diciembre y para este trimestre), en este caso sobre la parte variable del recibo (el consumo), que según muchos era excesiva inicialmente (después el gobierno la rebajó). Valorar si una tarifa eléctrica es "cara" o "adecuada" es una cuestión compleja, porque intervienen muchos factores: clima, derroches, hábitos, políticas de gestión de todo el sistema... y necesidades básicas y necesidades "de lujo"; en eso último se enfoca la idea del espacio vital sostenible.
Otro ejemplo más integral, y sin aplicación real por el momento, serían las cuotas personales de carbono. Básicamente consisten en la asignación de una cantidad de emisiones de carbono por persona en un periodo de tiempo. Cada vez que una persona comprase carburante o electricidad, por ejemplo, desembolsaría su precio en dinero, y también una cantidad de unidades de su asignación personal de carbono. Por tanto, existiría un limitante igual para todos, independiente de tu nivel de renta. La propuesta no es de fácil implementación, pero existe una red que promueve su estudio y discusión.
En estos tiempos abundan los comentarios sobre el hecho de que quienes más han contribuido a generar la crisis financiera y económica que vivimos no son quienes más la sufren, y viceversa. En la crisis ecológica que se nos echa encima, ocurrirá lo mismo si no organizamos una transición equitativa hacia una sociedad sostenible. Lo ambiental no es una cuestión moral, es una cuestión de justicia. Inevitablemente hemos de encontrar un equilibrio entre la libertad de elección individual y la sostenibilidad de los recursos comunes. Este equilibrio social, ambiental y democrático necesita de creatividad e inteligencia colectiva, pero contamos a nuestro favor con el hecho de que, muchas veces, la consecución de equilibrio en estos tres ámbitos se retroalimenta mutuamente.
Más informacion sobre propuestas en este informe
Fotografía de apertura: Miembros de la Alianza contra la pobreza energética ocupan una oficina de Endesa en Barcelona / Massimiliano Minocri
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