Fraudes insultantes

El paro y la corrupción, los dos problemas que más preocupan a los españoles, están vinculados de manera perversa en el escándalo de los falsos cursos de formación en Madrid. Los datos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indican que una decena de pequeños empresarios se habían especializado en desviar dinero público destinado a dichos cursos y que estos no se celebraban porque incluso los alumnos eran ficticios. Así como en Andalucía la investigación señala a UGT como presunta saqueadora de fondos públicos, en Madrid son la patronal y las asociaciones empresariales las implicadas en esta estafa que ha detraído un mínimo de 15 millones de euros de las arcas de la Comunidad de Madrid (4,5) y del Ministerio de Empleo (11). Entre los detenidos está —además del presunto cabecilla de la trama, José Luis Aneri— Alfonso Tezanos, mano derecha del presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

A medida que se conocen las pesquisas policiales se comprueba que si este nuevo caso de corrupción ha sido posible se debe en gran parte al poco control del dinero público que se gestiona. De hecho, la Comunidad de Madrid solo se dio por enterada del posible fraude una vez que Aneri dejó de enviar los correspondientes justificantes de gastos a finales de 2012. También la primera denuncia, que parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es resultado de esa falta de justificantes y no, como cabría esperar, del correcto seguimiento del uso del dinero público desembolsado.

El escándalo ofrece a la opinión pública un espectáculo deplorable en el que no faltan mordidas a favor de las asociaciones que organizaban los cursos. Una vez que la UDEF ha empezado a actuar con contundencia, las reacciones han sido irresponsables. Las asociaciones empresariales se niegan a devolver el dinero por sentirse víctimas de los corruptos y Madrid, que nunca acudió a la justicia, niega datos, congela gastos en formación, responsabiliza del control del dinero a la Fundación Tripartita de empleo (de ámbito estatal) y circunscribe los daños a los fondos de 2011, cuando su colaboración con Aneri se inició en 2009.

Los hechos investigados son graves. Un país que soporta una tasa de paro inasumible y que dedica escasos fondos —en términos relativos— a políticas de empleo permite el uso y el abuso de estos sin control y deja, por supuesto, sin formación a quien lo necesita. Las actuaciones posteriores, en este y en otros casos, ponen al descubierto el origen del problema: la talla de unos dirigentes empresariales, sindicales y políticos que no asumen la más mínima responsabilidad ante el problema desvelado. Las políticas de empleo, en las que se inscriben los cursos de formación, suelen contar en toda Europa con la estrecha colaboración de patronal y sindicatos y los controles adecuados. Es urgente que se tomen las medidas necesarias para que aquí ocurra lo mismo.