Un escándalo por supuesta corrupción sacude al Ejército en Colombia

Cuando ni siquiera se habían empezado a despejar las dudas sobre el supuesto espionaje que habrían hecho miembros del Ejército a los negociadores de paz con la guerrilla de las FARC, un nuevo escándalo vuelve a poner a los militares en el centro de la tormenta. Esta vez, la denuncia, hecha también por la revista Semana, revela la presunta existencia de una red de corrupción para la asignación de contratos millonarios en la que estarían involucrados algunos generales y varios coroneles.

La revista tuvo acceso a centenares de conversaciones entre altos oficiales, al parecer entre 2012 y 2013, en las cuales se habla de mordidas –coimas– de hasta el 50% en contratos públicos. Entre los beneficiados estarían algunos oficiales del Ejército condenados o sindicados por falsos positivos, como se conoce en Colombia a las ejecuciones de civiles que los militares presentaron como guerrilleros muertos en combate.

“En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados a dedo. También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información privilegiada que permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias unidades del Ejército”, dice Semana.

Uno de los protagonistas de este nuevo escándalo es el coronel Róbinson González del Río, que actualmente se encuentra detenido en una cárcel militar por un caso de falsos positivos. Este hombre sería el encargado –según Semana– de cuadrar los contratos. También sorprende la cercanía que aparenta tener con el actual comandante de las Fuerzas Militares, el general Leonardo Barrero, que en esa época era el comandante del Comando Conjunto de Occidente. En una de las conversaciones reveladas por el semanario, González lo llama desde la cárcel para contarle cómo va su proceso penal y este le sugiere organizarse como “una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”.

El general Barrero, al ser entrevistado por la revista, contó que el militar preso había sido su subalterno y que suponía que las llamadas que hacía desde la cárcel militar tenían autorización. Con relación a la red de corrupción negó tener cualquier vínculo, así como haber interferido para que le asignaran contratos al coronel González. “Si eso es así, entonces abusó de mi confianza”, dijo.

En las conversaciones desde la cárcel, González menciona a una docena de generales como intermediarios o padrinos para obtener contratos millonarios. “Si bien algunos podrían argumentar que se trata de un avivato que utiliza el nombre de sus superiores para conseguir contratos o favores, la naturaleza de las conversaciones, los contactos que tiene al más alto nivel, y el hecho de que varios contratos aparentemente sí habrían contado con el aval de generales muestran que este episodio puede ser toda una caja de Pandora”, dice la revista.

En su defensa, el comandante de las Fuerzas Militares emitió un comunicado donde ofreció disculpas a la fiscalía y al país “por el desafortunado empleo de expresiones que considero, apresuradas y desobligantes” y agregó que tenía “tranquilidad moral” ya que dijo no haber intervenido en ninguno de los procesos de contratación de los que habla la revista. Para Barrero, una cosa es un “infortunado comentario” y otra que se deduzca que participó en actos corruptos.

El presidente Juan Manuel Santos también se pronunció y en un corto comunicado calificó de “muy graves” los hechos de corrupción denunciados al interior del Ejército. “Me siento indignado por el daño que esto causa a las Fuerzas Militares y al país”, dijo y pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría darle celeridad a esta investigación, porque prefiere que el caso no sea llevado por la justicia penal militar. También pidió a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, “decisiones contundentes y ejemplarizantes”.

Por el escándalo sobre las posibles escuchas ilegales a los negociadores de paz, que estalló hace dos semanas, ya han sido relevados de sus cargos ocho militares mientras se adelanta la investigación. Sin embargo, el Ejército ha negado haber adelantado interceptaciones de comunicaciones y haber realizado actividades ilícitas.