Gürtel a fuego lento

Hace ahora cinco años que, en el marco del caso Gürtel, fueron detenidos los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. El aniversario, después de un lustro de instrucciones judiciales, conduce a una doble reflexión: la vinculación de un partido con una trama de corrupción de enormes dimensiones y la exasperante lentitud de la justicia, que durante todo este tiempo solo ha dictado una condena: la inhabilitación del magistrado que inició la instrucción de la causa, Baltasar Garzón.

Lo que el partido definió en 2009 como una trama contra el PP organizada por el Gobierno socialista con la connivencia de jueces y policías, se ha convertido en 2014, con una tormentosa y accidentada instrucción judicial, en un caso de mayúscula corrupción política que ha costado el puesto a un presidente autonómico, Francisco Camps, al senador y extesorero del PP, Luis Bárcenas, al diputado nacional Rafael Merino, a un exconsejero autonómico, a varios parlamentarios regionales y a media docena de alcaldes, entre otros. Casi 200 imputados esperan juicio, entre ellos, decenas de antiguos cargos del Partido Popular.

Las diferentes instrucciones del caso, con sus correspondientes ramificaciones, plantean preguntas no resueltas sobre la implicación del partido en su financiación irregular con cuantiosos desvíos de dinero público hacia sus propias arcas y las de quienes tomaban las decisiones financieras. El PP, lejos de aclarar los excesos del pasado, se ha parapetado en la política del avestruz y en el torpedeo de la acción de la justicia dilatando aún más los ya largos plazos habituales.

El caso es, ciertamente, complejo. Hoy día es el más voluminoso en la historia de la Audiencia Nacional, con más de 2.000 tomos, y el que más recursos ha consumido, además de pasar por las manos de media docena de jueces en cuatro tribunales distintos. Decenas de comisiones rogatorias han intentado desentrañar la compleja red de blanqueo de dinero que habían montado los principales acusados en países de tres continentes distintos. A pesar de todo, todavía no se vislumbra el final de la instrucción.

El garantismo español y el abuso de los recursos por parte de las defensas son las causas fundamentales de tan exagerada lentitud. Las causas que se eternizan en los tribunales son demasiado numerosas. La última de ellas es la referida a la condena de dos inspectores de Hacienda y del expresidente del Barcelona, José Luis Núñez, un caso revisado casi 15 años después por el Tribunal Supremo, que ha rebajado las penas, entre otras cosas, por dilaciones indebidas en la instrucción del caso. Es una prueba evidente de que esa exasperante lentitud del sistema perjudica a la propia justicia en particular y a la política en general, por cuanto la superposición de casos bajo sospecha pueden ofrecer una estampa distorsionada del nivel de corrupción que la salpica.