No es solo cuestión de formación

Leo mucho de lo que se va publicando sobre que un vigilante de seguridad de una empresa privada pueda detenerte, registrarte, interrogarte... y todo ello en mitad de la vía pública. El denominador común es lamentar dicha innovación legal y argumentar en contra que un vigilante posee menos preparación profesional que un policía.

Siendo cierto lo anterior, creo que el enfoque debe ser otro: en un Estado de derecho, el monopolio de la violencia lo ostenta el Estado y el ejercicio legítimo de la fuerza que de ello se deriva le compete en exclusiva. Pues bien, siendo eso así, el correlato inmediato es que solo los funcionarios (en este caso de policía) pueden ejercer la potestad administrativa en nombre de ese Estado. Jamás (en un Estado democrático, en sentido no formal, sino material) esa potestad puede delegarse en quien no sea funcionario (de carrera o de empleo).

Al haber dado el Gobierno del PP este paso, no solo ha incurrido en un grave error político (cuyas consecuencias no tardaremos en lamentar), sino que, además, ha atentado contra una de las bases de la propia Administración pública en su sentido democrático: haber accedido a tal condición mediante procesos respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Servidores públicos van a ser sustituidos, en parte de sus funciones, por empleados privados a sueldo de empresas particulares. Servidores del interés privado (de la empresa que le paga) gestionarán la seguridad ciudadana en lugar de los funcionarios de policía, que son servidores públicos.

Primero inventaron lo de la “marca España” y ahora se han puesto a la tarea de vendérsela al mejor postor.— Vicente Martín Rodríguez.