Legalizar la policía privada
Los tres partidos de derecha españoles PP, PNV y CiU, acaban de legalizar la policía privada. A partir de ahora los “vigilantes” de seguridad privada podrán actuar en las vías públicas, podrán requerir la documentación a cualquier ciudadano con el que se crucen, podrán cachearlo, registrarlo y retenerlo.
Primero empezaron con los “oteros”, vigilantes privados de los aparcamientos públicos, que seudoprivatizaron la mayoría de los grandes ayuntamientos y no tan grandes. Como legalmente no tenían autoridad para poner multas y debían avisar a la Policía Municipal para que lo hiciera, cambiaron la ley para que los alcaldes pudieran delegar esta potestad en quien quisiera, incluso en empresas privadas, ya que lo importante es sacar dinero, como también pasó con la gestión de los radares.
Poco a poco se le van dando cada vez más competencias policiales al sector privado, y en vez de destinar el dinero público a crear más plazas de policía y dotarles de más medios, irá a pagar a empresas privadas que solo buscan el beneficio, contratando personal no cualificado por cuatro duros.
Cierto que era absurdo que un vigilante de seguridad no pudiera detener ni registrar ni identificar a un delincuente que pillara in fraganti, pero de ahí a darle la postetad de actuar en la calle como si fuera un policía, hay un abismo. Después de todo, los agentes de la ley han estudiado y sacado una oposición y recibido entrenamiento. Con esta ley y la Ley de Seguridad Ciudadana recientemente aprobada, vamos camino de convertir a España en un Estado policial privado, una especie de mezcla de 1984 de Orwell y la Detroit de Robocop.— Jonathan Calvo Rueda. Renteria, Guipúzcoa.
Los ciudadanos de bien no tienen nada que temer, solo se trata de mejorar la seguridad ciudadana privatizando el Estado policial existente. Después tienen pensado privatizar el Congreso y la Agencia Tributaria y hasta la propia Casa Real, ya que un Rey privado siempre será más barato.— Miguel Ángel Peña Marí. Madrid.
Supongo que somos mayoría los ciudadanos que, en general, nos sentimos seguros ante un policía o un guardia civil, y no lo estamos en absoluto ante un vigilante privado. La razón es obvia: esos trabajadores por cuenta ajena pertenecen a empresas que buscan su beneficio y que están capacitados para ese fin y no para la protección de las personas y de los bienes, salvo que sean los suyos. Además, como dice alguna asociación policial, la formación de los vigilantes dista de ser la idónea para dar este servicio de seguridad ciudadana.
Pero es lo mismo, en su cruzada privatizadora, que es dar negocio a empresas y no la de reformar para que funcione mejor la gestión pública, el Gobierno desoye cualquier opinión que vaya contra sus intereses, que no son los nuestros. Somos muchos los que opinamos que los aspectos nucleares de esa gestión deben quedar siempre en manos del Estado, que no se debe mercadear con las tareas que son trascendentes.— Dionisio Rodríguez Castro. Villaviciosa de Odón, Madrid.
