Hacia una reforma fiscal coherente

La economía española necesita una profunda reforma fiscal. Sorprende que este asunto no haya recibido especial atención hasta mediados de 2013, con la constitución de una comisión de estudio, a pesar de las muy numerosas modificaciones habidas en el sistema tributario que lo han convertido en algo difícil de comprender y gestionar. Se ha intentado, aparte de recortar el gasto, aumentar los tipos impositivos sin modificar en serio los impuestos, con el resultado de una recaudación insuficiente.

Existen opciones para contar con impuestos progresivos y eficientes que, fomentando el ahorro y la inversión, colaboren en el logro de crecimiento económico y de más empleo, permitiendo reducir nuestro gran endeudamiento. Así se lograría una reforma sustancial, adecuada a este momento, que, eliminando ventajas fiscales particulares, ayude a que Administración, empresarios y trabajadores logremos avanzar en la salida de la crisis. Veamos alguno de los aspectos de esa reforma, ciñéndonos a la imposición sobre la renta.

Hay que cambiar los impuestos para dotarlos de objetivos coherentes, logrando recaudación con un sistema bien articulado, transparente y estable que impulse el crecimiento económico y reparta equitativamente los costes de la financiación pública. La realidad económica exige, como es habitual y más en estos momentos, crecer con una inversión productiva que aumente el empleo y la renta.

En Sociedades sería útil bajar el tipo al 25% y eliminar los beneficios fiscales

Repartir con equidad los impuestos requiere progresividad impositiva, la cual puede referirse al tipo medio de gravamen o al tipo marginal. El aumento de los tipos medios refleja mejor la idea subyacente a estos conceptos que es, en definitiva, que se paguen mayores impuestos si se es más próspero. En cambio, no siempre es buen negocio tener tipos marginales muy altos en un sistema fiscal, dados sus costes de eficiencia y si la recaudación disminuye porque se elude el impuesto o se limita la progresión del tipo medio (que genera realmente la recaudación) vía ventajas fiscales cuyos beneficios se reparten de forma desigual y opaca.

El fraude fiscal es igualmente un hecho que altera la progresividad real del sistema tributario y origina una redistribución peculiar desde quienes contribuyen honradamente hacia los que defraudan. Situándonos en un contexto amplio, el de la economía sumergida, los valores estudiados apuntan a que el alcance de este asunto no es pequeño. España, con un 22,8% del PIB de economía sumergida para el periodo 1999- 2010, está en la parte alta de la clasificación. Para los países de la OCDE, el volumen promedio, en el periodo indicado, alcanza el 20,3% en términos del PIB nacional. Se trata de una asignatura pendiente que hay que atender con preferencia.

En el IRPF, es claro que los mínimos personales y familiares tienen un alto coste de recaudación perdida. Sin embargo, hay que utilizar el IRPF para que entren, o permanezcan, en el mercado de trabajo las madres con hijos pequeños, a través de mínimos familiares por descendientes ofrecidos con más generosidad a la mujer cuando, digamos, los hijos tiene menos de cinco o seis años y menos generosos después (aunque es seguro que tiene más importancia que las empresas posibiliten de verdad la conciliación de la vida laboral y familiar). Una “subvención” análoga, en cuanto al mínimo personal, se puede otorgar a quienes están ya en la edad de la jubilación para que sigan trabajando un poco más, lo que tiene claros efectos sobre el gasto en pensiones.

La apuesta por un IRPF dual, mejorando el que tenemos, es también aconsejable. El impuesto dual, con un tratamiento suavizado de las rentas del capital para fomentar el ahorro y la inversión, es un invento de los Estados escandinavos, países con economías y Administraciones Públicas que han logrado una buena combinación de un capitalismo competitivo con un sector público amplio y eficiente.

Por último, hay que prestar una atención principal a la presentación al público de la estructura del IRPF, y de su declaración anual, para que el contribuyente pueda conocer, con cierta facilidad, por qué paga lo que paga, qué es lo que previsiblemente pagan los demás, y a quién se contribuye (Administración central o autónoma). Solo un IRPF sencillo y transparente podrá ser aceptado socialmente y lograr continuidad en el tiempo, especialmente si se complementa con una rendición de cuentas apropiada del destino de su recaudación.

Hay que utilizar el IRPF para que entren en el mercado de trabajo las madres con hijos pequeños, a través de mínimos familiares por descendientes

En relación al impuesto sobre sociedades (IS), está comúnmente aceptado que la disminución del tipo nominal, por ejemplo al 25%, junto con la ampliación de bases imponibles y la eliminación de beneficios fiscales, ofrece buenos resultados para la inversión empresarial. La competencia fiscal internacional es otra buena razón para aplicar tipos relativamente bajos en el IS, en línea con los de nuestros competidores por la inversión extranjera.

Otra reforma de gran interés, si se desea promover con mayor urgencia, y riesgo recaudatorio, la inversión productiva es considerar las alternativas existentes al IS tradicional. Entre estas, las más interesantes son las que eliminan la distorsión que el IS introduce en la escala de inversión y reducen el sesgo a favor del endeudamiento que este impuesto genera.

La opción más conveniente para una transformación profunda del IS, además de simplificarlo, eliminar buena parte de sus beneficios fiscales y reducir su tipo de gravamen, es establecer una deducción en la base imponible por patrimonio neto o fondos propios (capital más reservas). Con esta deducción se excluye de tributación el rendimiento normal del capital, haciendo al impuesto neutral en cuanto al nivel de inversión, y se equilibra la ventaja del endeudamiento en el IS tradicional.

Esta alternativa tiene como principal inconveniente la disminución de la recaudación, pero se puede implantar gradualmente, aplicando la deducción solo a los aumentos de patrimonio neto que se incorporen a las empresas en cada ejercicio, como se ha puesto en práctica en Italia desde 2011. Se trata de un cambio fiscal que haría más productivo el trabajo y competitiva la economía. Fomenta la capitalización empresarial y ofrece neutralidad fiscal frente al endeudamiento, dos estímulos muy convenientes para la empresa española cuya deuda es, en la actualidad, excesiva.

Emilio Albi es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Complutense. Ha publicado recientemente Reforma fiscal (Civitas).