No convence

El Consejo de Estado acaba de decirle al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que la prisión permanente revisable que pretende introducir en el Código Penal huele a populismo. Dice que responde más a las reacciones alarmistas que, al albur de determinados crímenes, se producen en la sociedad que a los principios que rigen el derecho penal moderno y que, además, constituye en buena parte una medida redundante que se superpone a la escala penal agravada hasta 40 años de privación de libertad vigente desde el año 2003. A este informe hay que añadir otros dos emitidos con anterioridad por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal que consideran este cambio posiblemente inconstitucional al cerrar o limitar en extremo las posibilidades de reinserción social del penado.

Un gobernante prudente y sensato no debería echar en saco roto los dictámenes preceptivos aunque no vinculantes de los órganos consultivos del Estado y pensárselo dos veces antes de poner en marcha una medida sobre la que aquellos hayan constatado su falta de justificación e incluso su posible inconstitucionalidad. Habría que esperar, pues, del ministro que actuara como un gobernante prudente y sensato al tomar una decisión sobre la llamada prisión permanente revisable —eufemismo de la cadena perpetua— que el Partido Popular está empeñado en introducir en el Código Penal.

La prisión permanente revisable es parte de un paquete de medidas de una nueva reforma de las innumerables que sufre el Código Penal desde que entró en vigor en 1995 y que muestran la tendencia obsesiva de los Gobiernos —de uno u otro signo político— a resolver legislando lo que no saben solventar como gobernantes.

Que el Consejo de Estado salve la constitucionalidad de la prisión permanente revisable no le impide señalar que se trata de una medida innecesaria respecto a la que el Gobierno no aporta dato alguno de índole penal que la justifique. Lo que resalta su motivación eminentemente ideológica, como sucede con otras iniciativas legislativas, en especial la reforma de la ley del aborto y su propuesta de suprimir la indicación por malformación congénita del feto, tendentes más bien a contentar a sectores extremistas del PP que a la sociedad en su conjunto. La prisión permanente revisable refleja un autoritarismo penal que puede llegar a confundir la justicia con la venganza.