Indulto bajo sospecha

El ingreso en la prisión de Soto del Real, ayer, de Daniel Galván, el pederasta español indultado por error por el rey de Marruecos, atempera el escándalo generado por su excarcelación, pero en absoluto cierra un episodio que ha desatado la lógica alarma social y que exige explicaciones claras del Gobierno español.

El suceso deja en mal lugar a todas las partes implicadas. El más afectado, sin duda, ha sido el propio Mohamed VI. Un gesto de buena voluntad —el indulto otorgado a 48 presos españoles con motivo de la Fiesta del Trono, tras la visita a Marruecos del rey Juan Carlos— se ha convertido en una de las peores crisis de su reinado. Liberar a un hombre condenado a 30 años por abusar de al menos 11 niños, en un país tan sensibilizado con la pederastia y el turismo sexual, había colocado al monarca alauí en una situación insostenible ante sus ciudadanos. Al rectificar y reconocer que nunca fue informado debidamente “de la gravedad de los crímenes atroces” perpetrados por Galván, Mohamed VI se ha mostrado vulnerable. El error socava su imagen de infalibilidad, por mucho que se haya cobrado la cabeza del director de la Administración penitenciaria.

España, al contrario de lo que sugirieron al principio las autoridades marroquíes, no pidió la excarcelación de los 48 presos, sino de 18, a lo que sumó la petición de trasladado de otros 30 a cárceles españolas. Entre estos últimos estaba Galván. Pero el hecho de que Marruecos mezclara las dos listas por error no debe servir al Gobierno para escurrir el bulto. El Ministerio de Exteriores faltó a la verdad en las primeras horas de la polémica cuando responsabilizó a las autoridades marroquíes de elaborar las listas de los presos, que fueron en realidad presentadas por la Embajada española. Estas maniobras acabaron dejando en entredicho a la propia Casa Real española, que tuvo que salir al paso para aclarar que don Juan Carlos se limitó a interceder por un preso enfermo.

Aún quedan muchas preguntas por responder. Es cierto que Galván había solicitado su traslado a una cárcel española y que por eso estaba en la lista. ¿Pero por qué las autoridades españolas no alertaron a Marruecos del error del indulto y, por el contrario, le facilitaron en apenas un día los documentos que le hubieran permitido quedar libre en suelo español de no haber saltado a la luz pública el desaguisado? ¿Su inclusión en la lista fue automática dado que él mismo había pedido el traslado o responde a otro tipo de circunstancias? ¿Cabe confeccionar ese tipo de listas sin el visto bueno de Justicia? Solo las respuestas claras podrán diluir las sospechas, sugeridas por la prensa marroquí, de que Galván, oriundo de Irak, recibió un trato de favor al estar protegido por los servicios secretos españoles, a pesar de la gravedad de sus delitos.

Afortunadamente, las buenas relaciones entre España y Marruecos han permitido manejar la crisis con celeridad y deberían facilitar la resolución del embrollo jurídico que se ha creado.