Esclavas sexuales

El nuevo delito de trata de personas, introducido en el Código Penal hace algo más de dos años, comienza a dar sus frutos. Nueve acusados han sido condenados a penas de entre cinco y 22 años de cárcel por haber participado en la captación, traslado o retención de cinco mujeres mediante engaño, violencia o abuso de su vulnerabilidad, para obligarlas a prostituirse. Esta conducta, conocida como trata de mujeres, ha dejado de ser tan escurridiza a efectos penales como era antes de la reforma, aunque sigue siendo muy difícil conseguir las pruebas inculpatorias y aún más, la reinserción de las víctimas.

La principal dificultad radica en el estado de terror en que viven las mujeres, sometidas a constantes malos tratos y bajo la amenaza de castigar a sus familiares en el país de origen si intentan escapar. Esta es la razón por la que muy pocas víctimas se acogen a los beneficios que la ley española les brinda si colaboran en el desmantelamiento de las redes mafiosas. Pese a tener la condición de testigo protegido y poder conseguir permiso de residencia y trabajo, de las 763 mujeres a las que se ofreció en 2011, solo 98 se acogieron a estos beneficios. Es tan devastador el estado psicológico en el que se encuentran que muchas veces no son capaces de pedir ayuda, por eso es tan importante la colaboración de quienes, particularmente los clientes, puedan sospechar que están ante un caso de esta forma cruel y humillante de esclavitud, que explota sexualmente a las mujeres y las mantiene en cárceles clandestinas.

No es un fenómeno reducido ni fácil de perseguir. Y va en aumento. Un estudio de Eurostat indica que entre 2008 y 2010 las víctimas aumentaron el 18%. El mismo estudio indica que España es, tras Italia, el segundo país con más casos de explotación sexual detectados y estima que el negocio mueve más de cinco millones de euros al día. En 2011, la policía calculó que podían ser víctimas de trata 14.730 mujeres, pero tras las oportunas intervenciones, solo se llegaron a identificar 1.082 casos. Ese año se detuvo a 1.200 personas por trata de mujeres y se abrieron 64 procesos judiciales. Queda mucho por hacer y por eso hay que saludar las medidas adoptadas por Interior para facilitar las denuncias, que incluyen un teléfono gratuito (900 10 50 90) que garantiza el anonimato. Pero es preciso mejorar e incrementar las de acogida y reinserción. El ejemplo de las que logren salir adelante será a la larga el mejor instrumento de lucha.