Marruecos fracasa en el Sáhara

Hace seis años, pocos días después de que el Frente Polisario y Marruecos presentasen en Naciones Unidas sus dos proyectos para solucionar el largo problema que les enfrentaba y aún hoy les sigue enfrentando, escribía en estas mismas páginas que “los dos proyectos pretenden organizar momentos diferentes del proceso de autodeterminación. Mientras el proyecto del Frente Polisario marca las pautas del posreferéndum, ofrece garantías para la etapa posterior a la independencia, presuponiendo que esta triunfe en la consulta, el proyecto presentado por Marruecos quiere evitar precisamente esa independencia, ofreciendo garantías y anchos espacios de participación a través de una amplia autonomía alternativa a la independencia. Mientras el Polisario quiere negociar después, Marruecos quiere hacerlo antes”.

Seis años después, ¿dónde están esas garantías y esos anchos espacios de participación prometidos por Marruecos para presagiar una futura autonomía creíble?

En estos años transcurridos, Marruecos ha perdido la oportunidad de abrir su sistema político a través de un proceso de regionalización que fuera dando oportunidades de expresión a su pluralidad. El proyecto que se elaboró en 2010, corto de miras, se encuentra atascado, como tantas otras leyes orgánicas, en un Parlamento que ni siquiera es constitucional, pues su segunda cámara aún no ha sido renovada en espera de unas elecciones comunales y regionales que asustan a más de uno de los actores políticos que cuentan en el país. Una ley que consagrara una autonomía para las regiones y que empezara a aplicarse en el Sáhara hubiera sido un signo de avance para hacer creíble el plan marroquí de 2007.

Marruecos perdió también la oportunidad que le ofrecía la redacción de una nueva constitución. La que se aprobó en julio de 2011, al calor de las presiones de la calle, animada por los ideales de la primavera árabe, consagró la continuidad del sistema de monarquía ejecutiva. Permitió, eso sí, un juego estéril de cohabitación entre un poder omnímodo real y ciertas parcelas atribuidas al jefe de Gobierno. Pero no acabó con los ministerios de soberanía, entre ellos el de Exteriores, central en la cuestión del Sáhara. Aunque la constitución hizo guiños como el reconocimiento verbal del patrimonio sáharo-hassaní y la preservación de la lengua hassanía como parte integrante de la identidad cultural marroquí, diseñó un modelo de región bajo control de los walis del rey (sigue siendo él quien los nombra) y cerró el paso a toda expresión política de la diversidad, con la prohibición expresa de partidos regionales.

Y, sobre todo, origen de la crisis de estas últimas semanas, ha persistido en una política de represión en la región del Sáhara a toda disidencia. Así lo han constatado organizaciones de derechos humanos que han visitado la zona y que han motivado las recomendaciones del secretario General de la ONU en su último informe, así como la propuesta, fracasada, de Estados Unidos, de solicitar al Consejo de Seguridad la extensión de las competencias de la Minurso a la cuestión de la vigilancia de los derechos humanos.

Rabat no ha avanzado un solo milímetro en el proyecto de 2007

Nadie niega que ha habido pequeños avances, como no tomar represalias hacia los saharauis que asistieron al congreso del Polisario, pero la libertad de expresión y de manifestación sigue aherrojada en los territorios saharianos y se ha tenido la perfidia de condenar a duras penas de prisión, sin pruebas, por un tribunal militar, a los 24 militantes saharauis acusados por los acontecimientos de Gdym Izik. Que el Consejo Nacional de Derechos Humanos eleve al rey la propuesta de suprimir en el futuro la jurisdicción militar para civiles se queda, una vez más, en las buenas intenciones, cuando se ve, con esta sentencia, la fuerza con que cuenta el envejecido sector castrense en la vida política y en la cuestión del Sáhara en particular.

Desde 2005 el Frente Polisario ha basado su estrategia contra Marruecos en denunciar en los foros internacionales la violación continuada de los derechos humanos en la zona. Pero las autoridades marroquíes no han respondido con una política de distensión, de creación de confianza entre los diferentes grupos humanos que conviven en el Sáhara, de extensión de derechos y libertades de expresión a todos los habitantes de la zona, incluidos los que piensan diferente, de reconocimiento de las asociaciones que esperan el permiso del Ministerio del Interior, de hacer corresponsables en la gestión del territorio a los saharauis oriundos, lo que hubiera permitido, como dicen las resoluciones de la ONU, que las riquezas naturales reviertan y beneficien a sus habitantes. Al contrario. No se ha avanzado un solo milímetro en las que parecían promesas interesantes en el proyecto de autonomía de 2007, hasta el punto de convertirlo hoy en papel mojado.

Marruecos, autocomplacido con las alabanzas a su plan de autonomía, calificado machaconamente de “serio y creíble” por las cancillerías occidentales, incluida la Unión Europea que le concedió en 2010 un estatuto avanzado, ha terminado por darle la razón a sus detractores con su inacción absoluta en estos seis años para hacer avanzar una solución al problema del Sáhara, la hipoteca mayor del reino, su dolencia crónica. Con razón Abdellatif Laâbi escribió en estas páginas que Marruecos está enfermo del Sáhara.

Marruecos ha creído que, para lograr el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental, bastan los lobbies y el marketing, sin darse cuenta de que lo esencial es una política coherente y transparente, a fin de ganarse a la población saharaui que hoy por hoy está mayoritariamente en contra de la mala gestión de Marruecos. Recientemente en las páginas de la revista marroquí Zamane dos buenos conocedores del tema, el saharaui Bachir Edkhil y el miembro del CORCAS Abdelmajil Belghazal, constataban el fracaso en la gestión del problema durante todos estos años y la necesidad de una verdadera democracia que llegue de verdad a la región. En un largo periplo por El Aaiún, Smara y Dajla en 2011 escuché insistentemente: “Quieren un Sáhara sin saharauis”, y no precisamente de boca de elementos independentistas. “¿Por qué no aplicar el proyecto de autonomía desde ya?”, reclamaban una cuarentena de personalidades saharauis con las que me reuní hace dos años. Hoy, algunos sectores de dentro del sistema parecen darse cuenta de la torpeza de haber perdido demasiado tiempo. Hasta el presidente del Instituto Amadeus, cercano al núcleo del poder, en su artículo Sáhara: ¿de la crisis a la oportunidad?, reclamaba con urgencia hace unos días poner en práctica el proyecto de autonomía.

El proyecto de la resolución americana ante el Consejo de Seguridad ha sido una llamada de atención a Marruecos por su inacción y autocomplacencia, convencido de que bastaban sus promesas de 2007. Negándose a reconocer que en el Sáhara bajo su control hay un verdadero problema de derechos humanos, un clima de tensión e insatisfacción permanente entre los diferentes grupos étnicos que se ha obligado a convivir, Marruecos no se da cuenta del deterioro de su imagen exterior, pese a que acabe recibiendo el vergonzoso aval de dos naciones, Francia y España, que no quieren romper el idilio de sus buenas relaciones económicas con su vieja colonia. Con toda su inacción en estos seis años, Marruecos ha perdido toda credibilidad para su plan de autonomía. Lejos de constituir este un punto final en las negociaciones, hoy apenas vale ya como punto de partida, si es que se es capaz de hacerlo realidad. Es probable que en el futuro, para encontrar una solución a este eterno problema, Marruecos tenga que pensar en ir algo más allá, quizás hacia una confederación o un Estado libre asociado bajo la soberanía de Marruecos. Pero, una vez más, para hacerlo “serio y creíble”, tendrá que dar los pasos que no ha sido capaz de dar en estos años.

Bernabé López García es catedrático honorario de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid.